En México, el teléfono celular dejó de ser un simple aparato: se convirtió en la llave de nuestra vida financiera, laboral y familiar.
Desde allí administramos cuentas bancarias, pagamos servicios, enviamos documentos sensibles o resguardamos fotos y conversaciones privadas.
Esa centralidad explica por qué la delincuencia encontró en nuestra identidad digital un botín más lucrativo que cualquier cartera.
Y también explica por qué urge actualizar la ley, como propone la iniciativa que presenté en la Cámara de Diputados, en apoyo a la ciudadanía que se ha acercado para expresarme su gran preocupación al respecto, sobre todo aquellos que ya han sido víctimas.
El robo de identidad y los fraudes derivados se han disparado de manera alarmante.
Solo en un año, los clientes bancarios perdieron más de 11 mil millones de pesos por este delito; y los reportes especializados revelan un incremento del 84% en la suplantación digital, con pérdidas de más de 14 mil millones de pesos.
No hablamos de estadísticas abstractas: hablamos de adultos a quienes les vaciaron la cuenta, les negaron créditos o los exhibieron injustamente como “deudores morosos” o incluso como delincuentes.
Y todo esto ocurre, mayoritariamente, a personas trabajadoras que confiaron en que “no les pasaría”.
El caso de las apps “montadeudas” es todavía más grave. Usan permisos abusivos para vaciar nuestros contactos, fotos y ubicación, y ejercen violencia digital: amenazas, manipulación de imágenes, mensajes masivos a familiares o compañeros de trabajo, acusaciones falsas y campañas de difamación.
Según datos del CCE y la CONDUSEF, más de mil aplicaciones han operado bajo este mismo esquema entre 2021 y 2024.
No solo destruyen el patrimonio: destruyen la reputación y la salud mental.
El problema es evidente: el marco penal actual no reconoce la identidad digital como un bien jurídico propio.
Hoy, una víctima debe navegar un laberinto legal entre figuras de fraude, falsificación o amenazas, sin una herramienta clara para que el Estado actúe con rapidez. Eso cambia con esta iniciativa.
La propuesta crea un delito autónomo de robo y suplantación de identidad digital, con agravantes cuando las víctimas son adultos mayores, niñas, niños o personas en situación de vulnerabilidad.
También tipifica la violencia digital extorsiva ligada a apps de préstamo y a la cobranza digital abusiva.
Y, además, reforma la Ley Federal de Protección de Datos Personales para prohibir expresamente que cualquier plataforma use nuestros contactos o fotografías para acosarnos o intimidar a terceros.
Finalmente, se plantea un Protocolo Nacional de Respuesta Rápida para que las autoridades cibernéticas puedan bloquear perfiles, suspender apps y eliminar contenido ilícito sin que la víctima deba esperar meses.
Porque la identidad digital es una extensión de la identidad personal, y protegerla es una obligación del Estado.
La vida digital llegó para quedarse. La violencia digital también. Es momento de que la ley se ponga al nivel de la realidad
