Siete jóvenes desaparecen de un negocio en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las autoridades que investigan el caso señalan que hay versiones creíbles de que un comando armado se llevó de ese centro de trabajo a las víctimas. De la empresa que empleaba a estas personas no se sabe nada. No hay un patrón preocupado por sus muchachos, no hay una empresa que haya presentado una denuncia formal. No hay prácticamente nada de parte de los empleadores, quienes se esfumaron tras el suceso.
Dicho lo anterior, me sorprende que el centro de todas las críticas en redes sociales sea el gobierno del estado, especialmente Enrique Alfaro. Desde el día de las desapariciones hay trabajo de las autoridades sobre tan penoso tema. La Fiscalía del Estado ha realizado cateos, entrevistas, averiguaciones, y en la medida de los posible, informado sobre el tema. No se puede acusar a la autoridad de inacción. Pero las críticas siguen.
Por supuesto que el mejor escenario posible es que todos los desaparecidos regresen a su casa sanos y salvos, y que se detenga a los culpables. Y por supuesto que lo ideal sería que el crimen no actuara en Jalisco, ni en México. Pero hay un hecho delictivo y nadie, en serio lo digo, piensa en señalar a los verdaderos culpables de la desaparición: un grupo de criminales no identificado.
En conversaciones que tuve con amigos y conocidos sobre el tema a lo largo de la semana pasada nadie, y reitero, nadie, externó siquiera una crítica sobre la empresa del call center, los patrones, o incluso los secuestradores. Nadie. Como si los presuntos empleadores simplemente no existieran, y que los presuntos criminales no hubieran hecho nada malo. Todo termina siendo culpa del gobierno.
Es obligación del gobierno de Jalisco resolver estos crímenes, y de prevenirlos; algo que resulta sumamente complicado por la enorme capacidad de corrupción y fuego que ha desarrollado el crimen en todo el país. Pero no debemos olvidar que todo crimen tiene culpable: quien lo comete.
