M+.- ¿Qué está pasando en Sinaloa? ¿La salida de Rubén Rocha Moya representa realmente el fin del rochismo? ¿La llegada de Graciela Domínguez puede devolverle estabilidad al estado? ¿Y qué significa la designación de Imelda Castro rumbo a la elección de 2027?
Las preguntas no son menores. En cuestión de días se movieron piezas que durante años parecían inamovibles. Rocha dejó definitivamente el gobierno del estado, Graciela Domínguez asumió el mando y Morena colocó a Imelda Castro al frente de sus esfuerzos políticos rumbo a la gubernatura.
No sé si alcance para hablar de una recomposición total, pero sí estamos frente al reacomodo político más importante de los últimos años en Sinaloa.
Para entenderlo hay que mirar lo que quedó atrás.
Rubén Rocha llegó al gobierno con la imagen de un político tranquilo, sereno y con experiencia. Así se le conoció en el Senado: mesurado, dispuesto a conversar y con capacidad para construir acuerdos. Sin embargo, el ejercicio del poder terminó mostrando una faceta muy distinta.
El cambio no ocurrió de golpe. Comenzó a notarse con el rompimiento con el Partido Sinaloense, que había sido su aliado en la elección de 2021. Héctor Melesio Cuén Ojeda pasó de acompañarlo en la campaña y ocupar la Secretaría de Salud a convertirse en uno de sus principales adversarios.
Después vino el pleito con la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde Cuén había construido buena parte de su fuerza política. La UAS terminó convertida en el campo de batalla de dos grupos que ya no escondían sus diferencias.
Conviene decirlo con claridad: en la Universidad había cuestionamientos válidos sobre transparencia, manejo de recursos y la influencia del PAS en su estructura. Había mucho que revisar y explicar. El problema fue que una discusión que pudo centrarse en la rendición de cuentas, la democracia interna y la autonomía universitaria terminó convertida en una guerra política y judicial.
El Congreso modificó la legislación, la Fiscalía abrió procesos contra el rector Jesús Madueña Molina, el exrector Juan Eulogio Guerra Liera y otros funcionarios universitarios, y el conflicto salió de los tribunales para instalarse en las calles. Hubo marchas, movilizaciones y acusaciones de persecución.
Rocha repetía que él no perseguía a nadie. Aseguraba que la Fiscalía investigaba por su cuenta, los jueces resolvían de manera independiente y el Congreso tomaba sus propias decisiones. Formalmente podía sostenerlo. El problema era la percepción: demasiadas instituciones parecían avanzar en la misma dirección y al mismo tiempo.
En ese escenario también aparecía Enrique Inzunza, uno de los hombres más cercanos al gobernador, quien había presidido el Supremo Tribunal de Justicia y después se convirtió en secretario general de Gobierno. Eso no demuestra que existieran instrucciones políticas hacia los jueces, pero sí alimentó las sospechas sobre la influencia del grupo gobernante en distintos espacios del sistema de justicia.
Una cosa era el discurso oficial y otra lo que una parte de la sociedad creía estar viendo.
Entonces asesinaron a Héctor Melesio Cuén, el 25 de julio de 2024, y ocurrió algo difícil de ignorar: varios de los procesos que durante meses fueron presentados como grandes casos de corrupción comenzaron a encontrar salidas.
En noviembre de 2024, tras la intervención del Gobierno federal para propiciar el diálogo, fueron retiradas las medidas cautelares contra Jesús Madueña y pudo regresar a la rectoría. En enero de 2025, Madueña y Guerra Liera cerraron 11 procesos penales en los que, de acuerdo con la resolución judicial, no se acreditó un quebranto patrimonial. Otros integrantes del Comité de Adquisiciones siguieron una ruta distinta y se acordó una reparación del daño.
No desaparecieron todos los procedimientos ni todas las acusaciones, pero buena parte de aquella batalla jurídica perdió fuerza en pocos meses. Era inevitable preguntarse: si los casos eran tan sólidos, ¿por qué terminaron así?
La contradicción golpeó la credibilidad del gobierno y reforzó una lectura que ya existía entre muchos sinaloenses: el conflicto nunca fue únicamente por la transparencia o el dinero de la Universidad; también había una disputa por el poder y por el control de una institución con enorme influencia política y social.
Al mismo tiempo se registraron movimientos en los principales ayuntamientos del estado.
En Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro fue desaforado y separado de la Presidencia Municipal el 10 de junio de 2022. Ese mismo día, el Congreso nombró como alcalde sustituto a Juan de Dios Gámez Mendívil, cercano a Rocha y señalado públicamente como su ahijado político.
En Mazatlán, Luis Guillermo “el Químico” Benítez renunció a la alcaldía el 25 de octubre de 2022 para incorporarse al gabinete estatal como secretario de Turismo. Un día después, Édgar González Zataráin fue nombrado alcalde sustituto. Benítez apenas permaneció unos meses en el Gobierno estatal: salió el 7 de febrero de 2023 y después terminó distanciado políticamente del gobernador.
Más adelante vino el caso de Ahome. Durante la madrugada del 2 de mayo de 2025, el Congreso retiró el fuero y separó de la alcaldía a Gerardo Vargas Landeros, dentro del proceso relacionado con la presunta contratación irregular de patrullas. Ese mismo día fue nombrado Antonio Menéndez de Llano Bermúdez como alcalde sustituto.
No hay elementos para afirmar que Rocha ordenó directamente todas esas salidas. Sería irresponsable presentarlo de esa manera. Pero en política también cuentan las señales y, sobre todo, la manera en que la sociedad las interpreta.
La impresión que quedó fue que quienes se enfrentaban al gobernador, rompían con él o dejaban de ser útiles para su proyecto terminaban fuera, mientras los espacios eran ocupados por perfiles cercanos o alineados con el grupo en el poder.
Rocha decía que no quitaba alcaldes, no controlaba al Congreso, no daba órdenes a la Fiscalía ni intervenía en las decisiones judiciales. Quizá así funcionaba en el papel. Lo cierto es que las coincidencias se acumularon y el costo político terminó recayendo sobre él.
Con la crisis de seguridad ocurrió algo parecido.
Mientras las balaceras, los homicidios, las desapariciones y el miedo cambiaban la vida cotidiana, el gobierno insistía en que la situación estaba controlada o no era tan grave como se decía. Rocha pedía que no se estigmatizara a Sinaloa, mientras los comercios cerraban temprano, las familias dejaban de salir por las noches y miles de personas vivían pendientes de cualquier detonación o mensaje de alerta.
Era como intentar convencer a alguien de que no estaba lloviendo mientras permanecía completamente empapado.
El desgaste no vino de un solo episodio. Fue la suma del rompimiento con el PAS, la guerra con la UAS, los procesos que después encontraron una salida, los cambios en los ayuntamientos, la percepción de influencia sobre otros poderes y, finalmente, una crisis de seguridad que terminó por alterar la vida de todo el estado.
Así, el político tranquilo que llegó al gobierno terminó proyectando la imagen de un mandatario confrontado, rodeado por un grupo cada vez más pequeño y desconectado de una parte importante de la sociedad.
Su breve regreso al cargo no corrigió esa percepción. Para muchos, simplemente la confirmó. Volvió, enfrentó un rechazo que ya no podía ignorarse y nuevamente se separó del gobierno.
Es a partir de ahí que comienza la nueva etapa.
La llegada de Graciela Domínguez debe leerse dentro de este contexto. No recibe un estado en calma, sino un Sinaloa golpeado por la violencia, con una economía bajo presión y una sociedad que dejó de creer fácilmente en los discursos oficiales.
En sus primeros días ha mostrado dinamismo. Se reunió con alcaldes, integrantes del gabinete y representantes de distintos sectores. También reconoció los problemas de seguridad y la necesidad de recuperar la confianza. Parece algo elemental, pero después de un gobierno que con frecuencia minimizó lo que ocurría, reconocer el tamaño del problema sí marca una diferencia.
Hay una expectativa positiva alrededor de su llegada, aunque tampoco hablaría de un entusiasmo desbordado. Es una confianza inicial acompañada de cautela. La gente no quiere más promesas: quiere resultados.
Una reunión no reduce los homicidios y una fotografía no recupera los empleos. Graciela tendrá que demostrar que no llegó únicamente para administrar la transición. Necesita tomar decisiones, marcar su propio rumbo y dejar claro hasta dónde está dispuesta a separarse de las prácticas del gobierno anterior.
Eso lleva a otra pregunta: ¿realmente terminó el rochismo?
No de manera inmediata. Los grupos políticos no desaparecen con la salida de una persona. Conservan posiciones, relaciones e intereses dentro de las instituciones. Lo que sí parece haber terminado, al menos por ahora, es su condición de grupo dominante.
El nuevo centro político comienza a formarse alrededor de dos mujeres: Graciela Domínguez desde el Gobierno e Imelda Castro desde la ruta electoral.
La designación de Imelda aceleró los tiempos y envió una señal de distanciamiento frente al grupo de Rocha. A su alrededor empiezan a reagruparse figuras que durante los últimos años tuvieron diferencias o confrontaciones con el entonces gobernador. Gerardo Vargas Landeros es uno de los ejemplos más claros.
La intención parece ser recuperar la unidad interna y reducir las turbulencias que debilitaron a Morena en Sinaloa. Imelda, además, parte con una ventaja: Morena conserva una estructura territorial amplia y la oposición todavía no coloca una figura capaz de dominar la conversación estatal.
Eso no significa que la elección esté resuelta. En Sinaloa sería un error dar cualquier cosa por hecha.
El PRI mantiene perfiles conocidos como Mario Zamora y Paola Gárate, pero ambos cargan con el desgaste de su partido y necesitan ampliar sus respaldos. Movimiento Ciudadano cuenta con Sergio Pío Esquer, aunque todavía no construye una candidatura con suficiente fuerza en todo el estado. Manuel Clouthier recuperó presencia pública con sus críticas a Rocha y conserva capacidad para influir en la discusión, pero eso no significa necesariamente que vaya a competir.
Por ahora, la oposición aparece dispersa y Morena busca ordenar la casa antes de que el desgaste sea irreversible.
El riesgo es que esa reconstrucción se limite a cambiar nombres y repartir posiciones. Alejarse públicamente de Rocha servirá de poco si permanecen las mismas prácticas o si su estructura continúa operando sin cambios en las principales áreas del gobierno.
Graciela e Imelda proyectan un estilo menos confrontativo y más abierto al diálogo. Eso ayuda, pero también eleva las expectativas. Sinaloa no está para entregar cheques en blanco. La sociedad ha escuchado demasiadas promesas mientras continúa la violencia, las familias buscan a sus desaparecidos y los sectores productivos intentan mantenerse a flote.
Entonces, ¿cambió Sinaloa?
Políticamente, sí. El poder se reacomodó, el rochismo perdió el control que parecía tener y surgieron nuevos centros de decisión. Pero los problemas siguen ahí.
El desafío de Graciela Domínguez no será decir que encabeza un gobierno diferente, sino demostrarlo. El de Imelda Castro será probar que representa algo más que la siguiente candidatura de Morena.
Por ahora hay un cambio de ambiente. Se percibe menos confrontación y una expectativa distinta. Después de tantos meses de incertidumbre, eso no es poca cosa.
