Lo que pasó en Culiacán hace una semana puede analizarse a partir de lo que Kai Ambos llama macrocriminalidad política. Este fenómeno implica que sea el Estado quien fortalece la criminalidad. Lo que no se da únicamente en el sentido de dotar de capacidades —humanas, económicas y materiales— a un grupo criminal, sino también en actos del Estado que van desde la omisión hasta la acción, pasando por el “arreglo” institucional con grupos del crimen organizado. ¿A quién le parece descabellado sugerir que existan posibles arreglos entre algunas instituciones y grupos criminales? Como referente tenemos la “fuga” en el penal de Aguaruto: ¿fue consecuencia del operativo que se estaba llevando acabo?¿Fue un infortunio sin cálculo político? Seamos claros, esa fuga no hubiera sido posible sin el auspicio, cuando menos, de las autoridades del penal.
Lo que sucedió en Culiacán es una evidencia más de este fenómeno; sin embargo, la descoordinación entre los operativos, los mensajes oficiales y las reacciones de las diferentes instituciones involucradas denotan que las cosas se salieron de control. De existir alguna cadena de criminalidad, parece que trae varios eslabones rotos.
Consulta Mitofsky publicó esta semana los resultados de una encuesta que realizó a partir de los hechos en Culiacán. Vale la pena revisarla para que, quienes no vivimos en Culiacán, podamos dar otra mirada a cómo se evalúa la reacción del gobierno. Por ejemplo, a la pregunta de si el gobierno federal hizo bien en liberar a Ovidio Guzmán, 79.1 de la gente de Culiacán contesta que sí, frente a ello se encuentra 53.1 en el resto del país que también contesta que sí. ¿Por qué la opinión de la ciudadanía sinaloense varía de la del resto del país? La gente que vivió en carne propia lo que podría haber resultado en una masacre está de acuerdo con la liberación de Ovidio Guzmán. El análisis de una situación como la que se vivió en Culiacán debe poner a las víctimas al centro de la discusión.
¿Sin una estrategia de seguridad pública lo suficientemente articulada se podía esperar un operativo que no fuera fallido? La estrategia para enfrentar al crimen organizado ha fallado desde hace casi 13 años que inició la guerra contra el narcotráfico. Cada sexenio hemos testificado masacres derivadas de los contextos de macrocriminalidad por los que atraviesa el país, solo por mencionar algunos: con Felipe Calderón vivimos Villas de Salvárcar y con Enrique Peña, Ayotzinapa. Estos acontecimientos pueden ser diferentes en los hechos, pero en el fondo comparten: 1) el contexto de macrocriminalidad, donde las instituciones del Estado participaron activa o pasivamente, y 2) la estrategia fallida de seguridad que ha tenido como resultado acrecentar el número de víctimas en el país. Lo novedoso ahora es presenciar el desconcierto de las autoridades ante lo que se les fue de las manos.
Toma tiempo que el crimen organizado adquiera ese nivel de poder, pero la falta de claridad sobre las responsabilidades en la operación y la comunicación lo refuerzan. Aspirar a debilitar las células criminales implicaría desarrollar una estrategia seria de seguridad pública civil que considere a las víctimas y una purga cuidadosa de la cadena macrocriminal.
@maiteazuela
