Emilio Lozoya empieza a soltar la sopa. El martes pasado, el Fiscal General de la República informó que el imputado presentó una denuncia de hechos respecto a su participación en el caso de Odebrecht. Se trata de información relacionada a sobornos que, según Gertz Manero, rebasan 100 millones de pesos y fueron utilizados para financiar la campaña 2012; por órdenes de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso.
Se adelantan las voces que afirman que los delitos por los que podría acusarse a Peña Nieto y Videgaray están prescritos. Debemos esperar a que la Fiscalía determine cuáles son los delitos que encuadran con la información que Lozoya declaró. Sobran ejemplos en México en los que una investigación endeble, aunque los delitos no estén prescritos, derriba la acusación ante el juez.
Ahora, lo verdaderamente relevante es que estamos ante una declaración inédita en México para los procesos de verdad en el tema de corrupción. Ayer en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador expresó que “es conveniente que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción”. Esta vez, el Presidente toca un punto importante: el derecho de la sociedad a la información sobre la procuración de justicia.
Cuando vemos procesos similares en Latinoamérica, en donde ex presidentes o altos funcionarios son procesados por casos de corrupción, pensamos que México está muy lejano de un escenario así. Sin embargo, de contar con una investigación profesional, parece abrirse una oportunidad para romper el pacto de impunidad. Pese a nuestra legítima sospecha, hay que admitir que el señalamiento que hace Lozoya contra Peña y Videgaray es algo sin precedentes.
Hay una disputa que puede convertir al caso en un referente de éxito o de completa simulación. El Presidente se pronunció a favor de que se otorguen beneficios a quienes colaboren en este tipo de investigaciones; algo que la propia ley mexicana prevé. Sin embargo, afirma que el juzgar ex presidentes se va a determinar si y solo si el pueblo lo decide a través de una consulta popular. Aquí hay dos aspectos preocupantes: 1) el Presidente asume que decisión de la FGR —para judicializar los señalamientos de Lozoya— está sujeta a una consulta popular; 2) deja entrever que no ha entendido que la Fiscalía es un órgano autónomo y que, por lo tanto, él no puede decidir la forma de la justicia.
La dicotomía entre el informe del Fiscal y la postura del Presidente puede poner en peligro la oportunidad que hoy existe en México para que quienes han dañado a la sociedad a través de la corrupción sean juzgados y castigados. Lo que hoy tenemos es solamente un avance de la fiscalía en la investigación, pero, si el Presidente se empeña en pronunciarse mientras debe respetar la autonomía, el resultado será la representación de un guion político más que la conclusión de un proceso de justicia aplicada.
Centremos la atención y la exigencia en la investigación de la fiscalía, quien deberá reunir todas las pruebas para judicializar la información de Lozoya, porque eso es lo que precisamente puede llevarnos a conocer algunas de las redes de corrupción que se tejieron durante décadas.
@maiteazuela
