¿Quiénes serán las víctimas de ese 68% de jueces popularmente electos y subordinados al poder Ejecutivo cuando juzguen nuestros DDHH?
Los integrantes de los pueblos indígenas, los cuales ya sufren de un acceso limitado a la justicia, sentencias menos favorables en derechos territoriales, por ejemplo, y una marcada ausencia de intérpretes y jueces con formación intercultural.
Las mujeres y las víctimas de violencia de género que, con estos jueces electos, carentes de una perspectiva de género en su mayoría, tenderán a generar sentencias que minimicen la violencia doméstica o sexual.
¿Qué sabrá ese 68% de jueces de los estándares internacionales definidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) que obligan a priorizar el interés superior del menor?
O, qué conocerán ellos de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2005) que “reconoce a los jóvenes como sujetos plenos de derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; derechos a su identidad (étnica, religiosa y cultural) y su diversidad sexual y su derecho a una protección especial frente a la violencia, la discriminación, la y la exclusión”.
México, por cierto, ratificó ambas convenciones, por lo cual está obligado a acatarlas de manera vinculante.
Finalmente, ¿qué ocurrirá con los DDHH de migrantes en tránsito que siguen sufriendo detenciones arbitrarias, violencia y deportaciones sin garantía protectora alguna? O, ¿qué sucederá con las madres buscadoras, los defensores de DDHH, los periodistas y los activistas?
La reforma judicial no fortalecerá la protección de los más vulnerables; por el contrario, incrementará los riesgos de su existencia o de su actividad.
La falta de independencia judicial de los jueces recién electos y su pobre formación en DDHH, dejará a la gran mayoría de los mexicanos en una terrible indefensión.
Pero eso sí, entre cadáveres de mexicanos desahuciados de sus DDHH, la construcción del 2º piso de la 4T -a gritos y sombrerazos- continuará.
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