La presidenta Sheinbaum ha pedido a la oposición sumarse al reclamo dirigido al gobierno del presidente Trump por el trato a los migrantes. La convocatoria ocurre cuando han cobrado notoriedad los casos de mexicanos residentes en Estados Unidos que han muerto durante operativos de las autoridades migratorias. Es un asunto de enorme sensibilidad en ambos países. Las reservas expresadas por partidos opositores y sus dirigencias no deben confundirse con indiferencia ante la gravedad de los hechos, ni aceptación del abuso cometido contra nuestros connacionales.
Si la iniciativa presidencial representa un intento por revertir la polarización, merece reconocerse como un avance. Durante años, el encono ha dividido al país y ha impedido construir acuerdos frente a riesgos que no distinguen filiaciones partidistas. En este espacio he insistido en que, ante la amenaza del crimen organizado y la posición del presidente Trump respecto de la inseguridad y el narcotráfico en México, la unidad nacional es indispensable. Corresponde a la jefa del Estado convocarla, no sólo invocarla; y la convocatoria debe incluir no únicamente a los partidos, sino al conjunto de la sociedad.
La polarización envilece la vida pública. Ha sido el principal obstáculo para construir un sentido de responsabilidad compartida, especialmente cuando el poder la utiliza para afirmarse frente a competidores o adversarios, incluso al extremo de calificarlos como traidores a la patria. La unidad nacional no surge de una declaración ni puede imponerse desde el gobierno. Es una construcción que debe ser respaldada por los hechos, las palabras y las decisiones.
Es incuestionable la necesidad de una postura común cuando el país está de por medio. Sin embargo, la convocatoria pierde fuerza cuando no existe consistencia. Así ocurre con el doble rasero exhibido en el trato a las gobernadoras de Chihuahua, Maru Campos, y de Baja California, Marina del Pilar Ávila. En un caso se anticipan condenas y admoniciones; en el otro se exculpa de antemano, al margen de la evidencia pública. La unidad no puede construirse sobre afinidades partidistas ni sobre una justicia diferenciada.
También resulta preocupante la manera en que se invoca la soberanía nacional para eludir responsabilidades del Estado mexicano. La solicitud de detención con fines de extradición de diez servidores públicos mexicanos señalados por el Departamento de Justicia debe atenderse conforme a la normatividad aplicable y a los compromisos internacionales del país. Responder políticamente a una exigencia de carácter judicial expone a México al incumplimiento de sus obligaciones. La soberanía protege a la nación; no debería convertirse en argumento para proteger a quienes pudieran haber vulnerado la ley.
Recuperar el sentido de Estado exige actuar decididamente contra la impunidad en todas sus expresiones. Significa hacer valer la igualdad ante la ley y avanzar hacia una justicia capaz de sancionar el abuso, sin distinguir entre aliados y adversarios. Un gesto relevante sería suspender las campañas anticipadas promovidas desde el partido en el poder y respetar los tiempos establecidos por la legislación electoral. Asimismo, la FGR debe avanzar en los casos de corrupción, particularmente en el relacionado con el contrabando de combustibles. Decisiones de esa naturaleza acreditarían que el interés superior del gobierno es el país y no la preservación del régimen morenista.
La Presidenta no debe desistir de su propósito de llamar a la unidad nacional. Las oposiciones y la sociedad organizada pueden acompañar ese llamado desde su propia autonomía, procurando que la coincidencia en una causa legítima no sea utilizada con fines partidistas. Es necesario recuperar la dimensión institucional de la representación presidencial y acreditar, mediante decisiones concretas, el compromiso con la legalidad y el combate a la impunidad.
La polarización ha dejado una herencia difícil de revertir. La renovación de poderes de 2024 pudo haber abierto un camino hacia la concordia y hacia un entendimiento político que preservara, al mismo tiempo, el mandato mayoritario y la coexistencia de la pluralidad. En lugar de ello, se acentuaron la exclusión y el deterioro del régimen republicano de división de poderes.
Un frente común en defensa del país es indispensable, pero no puede edificarse sobre la obediencia ni sobre la impunidad. La democracia y las libertades deben preservarse no sólo como propósito, sino como método. La unidad nacional no se decreta ni se administra como patrimonio del poder: se acredita poniendo la ley por encima de las lealtades del grupo gobernante y al país por encima del partido.
