No deben subestimarse, mucho menos ignorarse, las severas expresiones del presidente Donald Trump hacia México. Aunque también tuvo palabras amables para el gobierno y la Presidenta, estas no restan gravedad a sus señalamientos. Ante la tribuna más importante del mundo, calificó al país como un vecino indeseable y centro mundial del narcotráfico, en una declaración sin precedente. Podría argumentarse que sus palabras deben contextualizarse a la luz del momento electoral estadunidense, pero eso no atenúa el peso de lo expresado en un foro de tal relevancia.
La calificación de México como capital mundial del crimen asociado al narcotráfico no puede pasarse por alto. En primer lugar, porque en buena medida tiene sustento. Si bien el consumo de opioides y otras drogas en Estados Unidos ha contribuido a esta situación, ello no permite eludir la responsabilidad que corresponde a las autoridades mexicanas, particularmente cuando el señalamiento apunta a la incapacidad de nuestras instituciones para enfrentar a un enemigo común. En todo caso, es preciso recordar, no como un argumento para exculparse, sino para dimensionar las consecuencias del problema, que nuestro país ha sido el principal perjudicado por el narcotráfico, al pagar una elevadísima cuota de sangre y sufrir un profundo deterioro de su cohesión social.
La respuesta del gobierno a la postura norteamericana debe partir del reconocimiento de que una de las mayores amenazas para el país proviene de los grupos criminales. La fortaleza del Estado se sustenta en la voluntad popular, las leyes y las instituciones, pero se manifiesta, sobre todo, en su capacidad para impartir justicia y sancionar a quienes delinquen. La razón de Estado exige hacer valer la ley frente a todos, comenzando por quienes tienen una responsabilidad pública.
Una buena respuesta al presidente Trump sobre la supuesta ausencia de legalidad y sospecha de connivencia de la política con la criminalidad es la investigación pendiente sobre el caso Sinaloa, a cargo de las fiscalías y, de ser el caso, el inicio del proceso judicial bajo las reglas de un debido proceso. La impunidad en todos sentidos es lo que deja expuesta a la soberanía nacional y las consecuencias de proteger presuntos delincuentes las pagamos todos.
