Durante años, el gobierno ha tratado de reducir las altas comisiones que pagan los establecimientos por recibir pagos con tarjetas de crédito y débito. Primero lo intentó por las buenas, promoviendo alternativas más baratas. Tuvo poco éxito. Ahora está intentando hacerlo por las malas, regulando las comisiones.
Hace sentido buscar reducir el costo que pagan los comercios por aceptar tarjetas y otros medios electrónicos de pago. Entre más altas son las comisiones, mayor es la fricción en el comercio y menor la eficiencia. Además, los establecimientos pueden trasladar ese costo a sus precios. Reducirlo dejaría más recursos en manos de los negocios para invertir, contratar o simplemente mejorar sus márgenes. El gobierno tiene asimismo el incentivo de promover los pagos digitales para disminuir el uso del efectivo y fomentar la formalización de la economía. La pregunta es cómo.
Desde hace tiempo, el Banco de México ha tratado de impulsar medios de pago mucho más baratos que las tarjetas mediante las plataformas CoDi y DiMo. El problema es que sus resultados han sido, por ponerlo de manera amable, modestos. Las tarjetas están arraigadas entre los consumidores y ofrecen una serie de beneficios difíciles de superar: comodidad, aceptación casi universal y, en el caso de las de crédito, financiamiento, puntos y otras recompensas. Además, como el consumidor no paga directamente la comisión, tiene poca motivación para cambiar de medio de pago. Ante el limitado impacto de CoDi y DiMo, el gobierno optó por la regulación.
Cada vez que adquirimos algo con una tarjeta, el comercio paga una tasa de descuento al banco adquirente. Una parte importante de esa comisión es la llamada cuota de intercambio que el adquirente paga al banco que emitió la tarjeta. Es justo esa cuota la que Banxico y la CNBV quieren limitar. La Asociación de Bancos de México apoyó, atinadamente, el objetivo de reducirla, aunque propuso hacerlo de manera gradual. México tiene espacio para bajar comisiones. Nuestras cuotas de intercambio son muy superiores a las de países en los que han sido reguladas. En tarjetas de crédito, por ejemplo, pueden alcanzar 1.91 por ciento, frente al tope de 0.3 por ciento vigente en la Unión Europea.
Ahora bien, que bajen las cuotas de intercambio no garantiza que los consumidores salgan beneficiados. Habrá que ver qué tanto del ahorro trasladan los adquirentes a los establecimientos y qué tanto trasladan los establecimientos a sus clientes. También habrá que ver si los bancos emisores compensan la pérdida de ingresos recortando los beneficios que ofrecen a los tarjetahabientes.
El gobierno ya ha intervenido en el pasado para topar comisiones. En 2022 les tocó a las afores, que pronosticaron una catástrofe. Cuatro años después, generan utilidades récord, mientras los trabajadores pagan comisiones menores y pueden esperar mejores condiciones para su retiro.
Ojalá el tope a las cuotas de intercambio tenga consecuencias igualmente positivas.
