Pocos temas resultan tan lejanos para la vida cotidiana como la seguridad nacional. La fórmula es que el Estado se encarga de ella, mientras el ciudadano se limita a mirarla con una mezcla de preocupación e indiferencia. Seguir viendo la seguridad y la defensa como un asunto exclusivo del nivel federal es un lujo que una democracia no se puede permitir.
Los riesgos ya no sólo operan en campos de batalla. Se manifiestan como ciberataques, campañas de desinformación masiva, crisis hídricas y contaminación de la vida y la economía cotidianas. El primer paso es trazar una aproximación que permita conocer los conceptos y sus fronteras pues en México suelen confundirse la seguridad nacional y la seguridad pública.
La seguridad pública tiene como único objetivo proteger la vida, el patrimonio, las libertades y la paz cotidiana del ciudadano frente a los delitos del fuero común y federal.
La seguridad nacional definida en el artículo 3/o. de la ley respectiva abarca el conjunto de acciones destinadas a preservar la estabilidad, permanencia y soberanía del Estado mexicano. Aquí se inserta de manera crucial la seguridad interior, concebida para preservar el orden constitucional, la gobernabilidad y hacer frente a desafíos graves que amenazan la estabilidad desde el interior del país.
Un artículo publicado por el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México plantea que defensa nacional puede ser entendida como el conjunto de medios materiales, humanos y morales que una nación puede oponer a las amenazas de un adversario en contra de sus intereses, principalmente de su soberanía e integridad territorial.
El punto de cruce más peligroso es cuando una banda criminal adquiere gran poder de fuego, recursos transnacionales y control territorial, la falla local de seguridad pública escala de inmediato, corroyendo la seguridad interior y desafiando la seguridad nacional.
Entonces, ¿qué debe hacer el ciudadano? La ley establece que el ciudadano podrá ser llamado a colaborar y participar ante casos de interés nacional. Es decir, la ley prevé una corresponsabilidad directa. Este llamado no significa armarse por cuenta propia, vigilar fronteras ni suplir las funciones de las instituciones, sino asumir un rol activo y estructurado.
En seguridad pública, aportando información, denunciando formalmente, articulando redes vecinales de recuperación del espacio público, además de que por convicción respete leyes y reglamentos a la vez que rechaza la corrupción y desincentiva los mercados informales de la delincuencia.
En seguridad interior, protegiendo a las comunidades y a los jóvenes frente a las redes de reclutamiento criminal mediante una sólida cohesión comunitaria, además de identificar campañas de desinformación masiva y polarización para fracturar la paz social desde adentro.
En la defensa nacional, al aplicar medidas de ciberseguridad en sus entornos personal y laboral, contribuir a la protección de recursos estratégicos esenciales —como el agua y la energía— frente a su explotación ilegal, e integrarse en comités comunitarios de protección civil.
La histórica solidaridad social demostrada tras desastres confirma que la sociedad mexicana reacciona con prontitud ante la emergencia; el reto consiste en transformar esa valiosa respuesta reactiva en una cultura permanente de resiliencia y prevención organizadas.
El verdadero blindaje de México no descansa únicamente en sus fuerzas de seguridad y protección, sino en la fortaleza cívica de su gente. La seguridad y la defensa de la patria no pueden continuar siendo una caja negra administrada en el aislamiento institucional. Ambas constituyen una edificación colectiva en la que una ciudadanía informada, participativa y legalmente convocada debe abandonar de una vez por todas el rol de simple espectadora, asumiendo su lugar como la primera, la más sólida y la más infranqueable línea de defensa de la nación.
