A propósito de la resolución de la Sala Superior sobre el proceso interno de Morena, así como de la coalición que encabeza el PAN, comenté a un buen amigo sobre la congruencia de la magistrada Janine Otálora Malassis en sus proyectos de sentencia SUP-REP 231 y 221.
En ambos, Otálora Malassis propuso al Pleno revocar los acuerdos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, para entrar al fondo del asunto “en plenitud de jurisdicción”.
Tomando en cuenta el contexto en que se desarrollan los procesos, así como la relevancia y exposición delicada de los principios y bienes constitucionales, la magistrada consideró pertinente que la Sala Superior se pronunciara sobre si los eventos denunciados trastocan o no “los valores fundamentales de la democracia mexicana”.
La argumentación de Otálora Malassis giró en torno a dos conceptos claves: la integridad electoral y su contraparte el fraude a la ley.
Desde la visión de la integridad, el ciclo electoral se puede evaluar en sentido negativo, es decir, existe integridad si la conducta de los participantes no viola el marco legal y no infringe los valores inherentes a la democracia.
Si no es así, estamos frente a malas prácticas que defraudan o manipulan el marco jurídico que, palabras más, palabras menos, fue lo impugnado por los partidos políticos, incluyendo a MC.
Todos ven malas prácticas democráticas y fraude a la ley en los procesos del adversario, exigiendo justicia en los bueyes de mi compadre.
El fraude a la ley se configura cuando se contraviene una norma eludiendo su aplicación, la correcta aplicación o interpretación, generado por el ejercicio abusivo de un derecho.
Como el proceso para la “Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación” o para la construcción del “Frente Amplio por México” (si camina, grazna y vuela como pato no es urraca) calificados como actos anticipados por Otálora Malassis.
No me extraña la congruencia de la magistrada, tampoco la postura sobre el Frente Amplio del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien considera este proceso una picaza.
Conviene pensar en una reforma electoral que deje atrás las restricciones de 2008, evite simulaciones y el fraude a la ley.
