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La seguridad pública en Torreón

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  • Juan Carlos Jauregui

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"Las administraciones cambian; las instituciones sólidas son las que permiten que los resultados permanezcan." 

El fallecimiento de Román Alberto Cepeda González abrió una nueva etapa para Torreón. 

Más allá de las implicaciones políticas y administrativas que representa la sucesión constitucional, también surge una pregunta natural entre la ciudadanía: ¿qué ocurrirá con uno de los temas que mayor estabilidad ha mostrado durante los últimos años, la seguridad pública? 

La respuesta difícilmente puede encontrarse en una sola persona. 

Cada gobernante imprime su propio estilo, su forma de conducir la administración y de tomar decisiones. 

Pretender que Miguel Ángel Riquelme Solís gobierne exactamente igual que su antecesor sería desconocer que cada liderazgo tiene características propias. 

Sin embargo, las políticas públicas que realmente generan resultados son aquellas que logran trascender a las personas y consolidarse como instituciones.

En materia de seguridad, Torreón ha venido construyendo un modelo que hoy parece contar con bases sólidas para mantener su rumbo. Su fortaleza no descansa únicamente en las corporaciones policiales, el equipamiento, la tecnología o la capacidad operativa de las autoridades. 

Existe un componente que con frecuencia pasa desapercibido y que, probablemente, explica buena parte de su continuidad: la participación organizada de la ciudadanía. 

La seguridad pública dejó hace tiempo de ser una responsabilidad exclusiva del gobierno. 

Hoy constituye una tarea compartida entre autoridades municipales, estatales y federales, instituciones de procuración de justicia, sector empresarial, universidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía organizada. 

En ese esfuerzo ha desempeñado un papel relevante el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, un espacio de participación donde convergen diversos organismos e instituciones para acompañar, evaluar y fortalecer las políticas públicas en esta materia. 

Esa participación ciudadana representa, quizá, la constante más importante dentro de la fórmula de seguridad que hoy distingue a Torreón.

Las administraciones cambian y los titulares de las instituciones también; sin embargo, cuando existe una sociedad organizada que participa, propone y da seguimiento a las decisiones públicas, los proyectos adquieren continuidad y fortaleza.

A ello se suma la coordinación permanente con la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basada en la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y en la convicción de que la seguridad requiere esfuerzos compartidos y una visión de largo plazo. 

En ese contexto, la llegada de Miguel Ángel Riquelme Solís representa el inicio de una nueva etapa administrativa, pero también la incorporación de un perfil con amplia experiencia en esta materia. 

Su trayectoria en el servicio público y su participación, desde distintas responsabilidades, en la construcción y consolidación de las estrategias de seguridad implementadas en Torreón, la región y el estado, le permiten conocer de primera mano los retos, las fortalezas y la evolución de un modelo que ha venido dando resultados. 

Quizá el principal desafío de esta nueva etapa no sea cambiar el rumbo, sino fortalecer aquello que ha demostrado su eficacia: la coordinación institucional, la participación ciudadana y la capacidad de mantener una política pública por encima de los cambios de administración. 

Porque, al final, la mayor fortaleza de la seguridad pública en Torreón no descansa únicamente en quienes circunstancialmente encabezan el gobierno. 

Descansa en un modelo construido con la participación de autoridades y sociedad, donde las instituciones han demostrado ser capaces de trascender a las personas y dar continuidad a una de las políticas públicas más importantes para la ciudad.

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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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