Mientras las acciones ciudadanas en contra de la peligrosa megaplanta de amoniaco junto al Río Nazas suben de nivel, el gobernador del Estado, Esteban Villegas, no deja de asegurar la inexistencia de riesgos y que detrás de los movimientos de protesta hay “políticos frustrados”, pero no aclara de quién se trata.
Desde que se conoció el proyecto para la instalación de la megaplanta en el poblado de Sapioriz, cercano al área natural protegida del Cañón de Fernández, un movimiento ciudadano no sólo por lerdenses, sino pobladores de Gómez Palacio y Torreón y demás ciudades laguneras ha ido creciendo y diversificando sus acciones de rechazo a la planta, proyecto de la empresa de fertilizantes Fermachem.
Ya han recaudado más de 50 mil firmas de rechazo al proyecto. Ambientalistas y ciudadanos en general sostienen que no se oponen por oponerse y que no están en contra del desarrollo, la inversión ni la creación de empleos, pero sí a favor de la transparencia y del agua y exigen la cancelación del proyecto.
Previamente han realizado marchas de protesta Para el día 19 de este mes está previsto un “Foro ambiental.
La empresa de fertilizantes Fermachem y su impacto ambiental”, que se llevará a cabo a las 5 de la tarde en la plaza principal de Ciudad Lerdo.
Apenas antier el mandatario duranguense, Esteban Villegas, aseguraba que se trata de “una inversión estratégica para Durango”, y que la mencionada empresa de Fertilizantes no dañará al Cañón de Fernández.
Quienes politizan el tema “son frustrados”, declaraciones muy desafortunadas, pues no aportan certeza de que sean mínimos o inexistentes los riesgos.
Los inversionistas han planteado que quieren ser buenos vecinos, pero no aclaran porqué instalarse tan cerca del Río. Aseguran que utilizarán agua reciclada, lo que no convence a los opositores.
Se trata de una planta de amoniaco y urea con una producción de 2 mil 200 toneladas de amoniaco, que requerirá entre 100 y 150 litros de agua por segundo, y está diseñada para operar durante más de 40 años.
Para quienes rechazan el proyecto, la megaplanta implica un serio riesgo de contaminación en toda la región, además de que incrementaría la sobreexplotación del acuífero principal de la región.
El polémico proyecto se enmarca en la petición de la Presidencia de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que reinterprete (derogue) la sentencia 543/2022, que tiene que ver con brindar la oportunidad de recuperación del acuífero a través de la suspensión de concesiones.
