No hay mejor negocio en México que vivir de la política. Y vaya que es redituable. Convertirse en empresario político suele ser cuestión de voluntad, pragmatismo y compromisos bien administrados. La historia reciente lo confirma: hay quienes han encontrado en la creación de partidos una vía de enriquecimiento ajena a cualquier causa ideológica o aspiración de justicia social.
Dos ejemplos son evidentes: el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Dos de los seis partidos con registro nacional que, como rémoras, han sabido adherirse al poder en turno, sin importar colores ni proyectos.
No les interesa fungir como contrapesos; su prioridad es negociar posiciones, sobrevivir electoralmente y garantizar el flujo constante de recursos públicos.
Tan solo el año pasado, el Partido Verde recibió 832 millones de pesos y el Partido del Trabajo 645 millones, destinados únicamente a gastos administrativos provenientes del Instituto Nacional Electoral. Con ese contexto se entiende su reacción ante la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo. Ambos partidos, auténticas veletas políticas, encendieron las alarmas cuando se tocaron dos puntos sensibles: la representación proporcional y la reducción de financiamiento. Los calificaron de injustos porque, en realidad, ponían en riesgo su permanencia en el negocio.
Con absoluto descaro condicionaron su respaldo a la reforma y lograron eliminar aquello que amenazaba su subsistencia. ¿A quién le conviene que sigan existiendo? A los demás partidos, que en periodos electorales necesitan de estas fuerzas menores para construir mayorías artificiales y simular equilibrios.
El problema de fondo es que la ley sigue permitiendo la proliferación de partidos. Hoy, incluso, grupos evangélicos buscan “convertirse” a la política. Todo apunta a que surgirán dos nuevos institutos: México Tiene Vida, con antecedentes en Nuevo León, y Construyendo Sociedades de Paz, heredero del extinto Encuentro Social. Ambos cumplieron sin dificultad los requisitos legales y están listos para integrarse, con todos los derechos, al negocio político que seguimos financiando con nuestros impuestos y legitimando con nuestros votos.
