Luego de meses de consultas y tras su publicación en el Diario Oficial, comenzó la aplicación de la prohibición del uso de teléfonos celulares en las aulas, una medida que nace con buenas intenciones, pero que también plantea algunos cuestionamientos.
Es de reconocer que al menos en teoría se busque fortalecer la formación de los estudiantes de educación básica sin el exceso de pantallas. Restringir el uso de dispositivos inteligentes pretende favorecer la concentración, fomentar la lectura y recuperar la convivencia presencial frente a la interacción permanente en redes sociales y chats.
Aunque la prohibición contempla excepciones para el uso pedagógico de los dispositivos, en la realidad existe un problema mucho más preocupante: los riesgos asociados a su utilización sin supervisión.
El ciberacoso y el sexting están presentes desde los últimos grados de primaria y durante toda la secundaria. En las redes sociales es fácil encontrar cuentas que exhiben, señalan o funan a estudiantes y maestros, prácticas que pueden escalar hasta provocar agresiones físicas e incluso llevar a las víctimas a situaciones extremas, como el suicidio.
Por eso una prohibición de esta naturaleza debería estar acompañada de mecanismos de prevención, protocolos de atención y sanciones frente a las conductas que constituyen delitos. De lo contrario, corre el riesgo de quedarse en una simple campaña nacional de invitación a evitar el uso de celulares durante el horario escolar.
Pero, ¿qué ocurre durante el resto del día?… Lo que se busca evitar dentro de las aulas queda fuera de control cuando los estudiantes salen de la escuela. Basta observar cómo desde las redes sociales se difunden amenazas de tiroteos que al día siguiente provocan movilizaciones policiacas y alteran la actividad de los planteles educativos.
Urge, por tanto, un esfuerzo integral que incluya charlas y orientación en las aulas, así como la participación de padres de familia, maestros y alumnos. Es necesario entender la realidad y el alcance del uso de cada dispositivo, pero, sobre todo, llevar la discusión, la supervisión y los acuerdos hasta los hogares.
Si como padres no asumimos la responsabilidad de establecer límites y supervisar el uso de la tecnología en familia, de poco servirá una prohibición oficial que, por sí sola, resulta insuficiente.
También debemos reconocer que nuestros propios hábitos digitales, muchas veces marcados por el uso excesivo del celular, contrastan con el ejemplo que pretendemos darles a nuestros hijos.
Porque si bien nadie puede imponernos restricciones en casa, sí podemos asumir una responsabilidad compartida: educar, acompañar y supervisar a nuestros hijos en el mundo digital.
Pueden sacar los celulares, pero la responsabilidad de enseñarles a usarlos no termina cuando suena el timbre.
