Crónica de una muerte anunciada. Estaba por demás anunciado que la reforma constitucional en materia energética enviada por el ejecutivo a la Cámara de Diputados había tenido una muerte prematura. La iniciativa de reforma en materia energética a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna, quedó desechada por el pleno de la Cámara de Diputados la noche del domingo 17 de abril al no lograr los 333 votos aprobatorios que se requerían como mayoría calificada por ser un cambio constitucional.
Previamente, como ya es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había aprobado la constitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobación que por cierto fue imputada por un grupo de legisladores argumentando un error en el conteo de votos considerando que el voto positivo de uno de los ministros en realidad debió computarse como un voto en contra de dicha constitucionalidad.
“Haiga sido como haiga sido”, como habría dicho don Felipe, el conteo oficial no tuvo la mayoría necesaria para declararla inconstitucional, por lo que la citada ley antes de tomar vigencia ya tiene una cascada de amparos en su contra por supuestas violaciones a algunos tratados internacionales como el T-MEC y por su retroactividad en perjuicio de las inversiones que varias empresas extranjeras y mexicanas ya tienen realizadas en el sector eléctrico.
Dentro del paquete de reformas constitucionales se encontraba el tema del litio, que, al haber sido rechazado se irá por la reforma a la Ley Minera, que es reglamentaria del artículo 27 constitucional para nacionalizar este metal considerado como patrimonio de la Nación. Se espera que esta propuesta sea votada por la vía rápida dispensando su paso por comisiones. “De lo perdido, lo que caiga”.
