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Viernes , 19.04.2019 / 08:20 Hoy

De paso

La corrupción presidencial/ I

José Luis Reyna

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En todas las longitudes y latitudes hay corrupción, pero en algunas de ellas ese ilícito se castiga, no pasa desapercibido. El poder político es, con frecuencia, el atajo más corto para llegar a la corrupción. Sobra decir que muchos miembros de la clase política recorren ese camino. La robustez (o la debilidad) de un estado de derecho permite “medir” hasta qué punto puede escalar la corrupción y el castigo correspondiente. Ejemplos sobran. En América Latina, el primer gran escándalo público de corrupción presidencial tuvo lugar en Brasil. Fernando Collor de Mello, el primer presidente electo en 1989 por voto directo después de la dictadura militar (1964-1985), fue destituido por el Congreso, en 1992, bajo los cargos de conflicto de intereses y lavado de dinero. Su pena fue suave: sus derechos políticos fueron suspendidos por ocho años. Su vergüenza fue, en contraste, enorme: defraudó a 35 millones de electores que le creyeron. La masiva protesta ciudadana reclamó su cese. El Congreso lo destituyó ante la indignación social. Dilma Rousseff, en 2016, fue destituida también por “maquillar cifras de la cuenta pública”. Fue sustituida por el hoy presidente Temer, quien también ha sido acusado por “corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y organización criminal”.

El ex presidente Lula da Silva (2003-2010) ha sido acusado y enjuiciado por el mismo ilícito. Del juicio penal ya se desprendió una sentencia: en principio, nueve años de cárcel. Sin embargo, un tribunal ha ratificado el fallo hace menos de un mes: aumentó la penalidad a 12 años en prisión. Es muy probable que Brasil sea el país latinoamericano que más ha enjuiciado y encarcelado a políticos (y empresarios también) de alto nivel: la ley no es letra muerta.

Guatemala ofrece también casos emblemáticos de corrupción presidencial. Con un nivel de desarrollo inferior al nuestro (más pobreza, analfabetismo, etcétera) tiene un estado de derecho que ha permitido encarcelar al ex presidente Otto Pérez Molina (2012-2015). Ha sido acusado por cargos de liderar un fraude multimillonario en las aduanas guatemaltecas. El ex presidente enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y defraudación aduanera. Su ex vicepresidenta también enfrenta acusaciones por lo mismo. Su ex ministro de Finanzas, por cierto, se suicidó en el momento en que iba a ser arrestado bajo el cargo de lavado de dinero.

En Guatemala también fue detenido el ex presidente y antecesor de Pérez Molina. Álvaro Colom (2008-2012) fue detenido el pasado 13 de febrero. Es acusado de participar en un caso de corrupción que se conoce como el Transurbano, un sistema de transporte público propuesto en los tiempos de su presidencia. Junto con Colom, fueron detenidos los ex ministros de Finanzas (Hacienda) y el de Gobernación. La investigación que realizó la fiscalía guatemalteca apunta a que hubo posibles anomalías en la asignación del proyecto, lo que presuntamente generó utilidades millonarias para los indiciados. Estos casos demuestran que, independientemente del grado de desarrollo de un país (Brasil y Guatemala), el eje de la justicia yace en un solvente estado de derecho. Éste, sobra decirlo, es deficitario en el caso mexicano. Seguiremos abundando sobre el tema.

jreyna@colmex.mx

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