La captura del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington y el arresto del fiscal general de Nayarit (Veytia) evidencian la colusión profunda entre la política y la delincuencia organizada. Ese contubernio no es reciente ni específico de esas entidades. Es un signo inequívoco de la descomposición profunda del Estado mexicano. En Tamaulipas funciona desde hace años. En Nayarit también. Por complicidad o por omisión de las altas “autoridades”, las redes delincuenciales penetraron las entrañas del Estado. De una o de otra forma, hicieron uso de las instituciones públicas para facilitar el “trabajo” delincuencial y éste, a su vez, les retribuía generosamente la disponibilidad institucional concedida.
Yarrington gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2005. Lo sucedió Eugenio Hernández (2005-2010). Éste fungió como secretario de Finanzas de la campaña que llevó a Yarrington a la gubernatura. Sin duda se erigieron fuertes vínculos. Yarrington tenía una orden de aprehensión desde 2012. Fue prófugo de la justicia por más de cinco años. Se declaró inocente ante la justicia italiana, pese a que cambió su apariencia física y portaba documentos falsos. Su sucesor, Hernández, tiene una orden de arresto de una Corte Federal estadunidense, pero no se oculta. En 2011, al final de su mandato, se mudó a Quintana Roo, donde le fueron descubiertas, y después incautadas, ocho propiedades en Cancún y dos más en Playa del Carmen. Los dos ex gobernadores, algo que solo puede ocurrir en un país como el nuestro, gozaron de protección oficial. Les fueron asignadas escoltas a cargo de la Procuraduría de Justicia tamaulipeca. Ocho a Yarrington y cuatro a Hernández. Dicho privilegio fue suspendido hace unos cuantos meses, en octubre de 2016. Por años buscados, por años protegidos.
En el caso del ex procurador de Nayarit, no solo contaba con escoltas, tenía una corporación entera a su disposición que facilitó su liderazgo delincuencial. Antes se desempeñó como director de Tránsito de Tepic, luego secretario de Seguridad de ese municipio, para llegar a ser subprocurador del estado y desde 2013 fiscal general del mismo.
Estados Unidos y México han solicitado la extradición de Yarrington a la justicia italiana. Aparentemente los delitos que se le imputan en el país vecino son más numerosos y más graves que los levantados en México. En uno y otro caso, al señor Yarrington le esperan largas condenas (en Estados Unidos serían dos cadenas perpetuas seguidas más 90 años de cárcel). Lo que diga involucrará a muchos políticos, sobre todo del lado mexicano.
Veytia está enjuiciado en Estados Unidos, donde permanece bajo arresto. Yarrington y Veytia se agregan a la lista de delincuentes pertenecientes a la clase política que han sido señalados por presuntos actos indebidos, aunque algunos miembros de esa lista siguen disfrutando de una vida normal, al amparo y goce de sus riquezas. Se entiende porque disfrutan de una protección que les brinda el propio Estado y a veces hasta ¡los escolta! Es el México contemporáneo.
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