A estas alturas del sexenio, los errores presidenciales son inaceptables por reiterativos. Los que se han acumulado durante lo que va del sexenio invitan, seriamente, a abandonar la máxima presidencial de valorar más al cuatismo sobre el mérito. El jefe del Ejecutivo propuso a Patricia Merodio para ocupar una de las vacantes en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); es una de sus facultades. Este organismo, creado en 1983, disfruta en la actualidad una bien ganada autonomía. Al pasar del tiempo se ha convertido en una sólida fuente de información, de referencia obligada para aquellos que diseñan las políticas públicas de este país, así como para quienes hacen investigación rigurosa desde diversos campos de la academia. La credibilidad y el prestigio de la institución son (¿o eran?) impecables.
El presidente Peña Nieto, sin embargo, trata al Inegi como cualquier dependencia del sector público, donde el rigor y el conocimiento son ingredientes marginales y, en muchos sentidos, desechables. La propuesta de Merodio evoca la designación que hizo de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública para investigar “a fondo” la corrupción, sobre la que concluyó nada. La historia, con otro guion, puede repetirse.
Su inclinación por la señora Merodio se alejó de los requisitos señalados por la ley. La señora no cumple con los requisitos para ocupar la silla de vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Inegi. No tiene la experiencia que el reglamento exige y, además, en su comparecencia ante el Senado se le mostraron inconsistencias curriculares: declaró que fue profesora en la Universidad de Harvard cuando solamente fue asistente en alguna cátedra impartida en esa institución. Su trayectoria profesional es insuficiente; sus méritos académicos son escasos (no pertenece al Sistema Nacional de Investigadores). El Presidente, sin embargo, logró imponerse a costas de un Senado sumiso (con valiosas excepciones, por cierto). Su propuesta ha puesto en riesgo la credibilidad y la autonomía del Inegi y, en consecuencia, la objetividad de la información que emana del mismo.
Por el Inegi pasan las cifras y las investigaciones para medir la pobreza en México, el pulso de la economía, entre otras cosas. Por eso es tan importante el rigor científico de los miembros de esa institución. Por eso es tan importante su autonomía ante el poder político. Por eso, un grupo de alumnos y ex alumnos de la Universidad de Harvard, conscientes del problema, se pronunciaron contra Merodio.
La confirmación, la semana pasada, por el Senado de la propuesta presidencial para catapultar a Merodio a la Junta de Gobierno del Inegi acusa de nueva cuenta otro error presidencial; es más, sugiere un desprecio institucional. Una parte de los senadores (64) quedó como grupo de títeres del Presidente. Otros (26) argumentaron dignamente en contra, en un momento en que la credibilidad es un bien tan escaso. Al Presidente parece ya no importarle. Seguirá, por tanto, descendiendo por la pendiente de la incredulidad y la ilegitimidad.
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