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Martes , 23.04.2019 / 03:52 Hoy

El Santo Oficio

La hoguera

José Luis Martínez S.

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El lunes 1 de abril murió Armando Vega-Gil. Una denuncia anónima avivó la hoguera de las redes sociales: supuestamente acosó a una menor de edad hace 14 años, quien ahora encontró la oportunidad de saldar cuentas con él. Tal vez nunca imaginó la decisión de Armando de quitarse la vida, de abandonar una lucha perdida de antemano, como se advirtió en los comentarios en Twitter cuando anunció su determinación de suicidarse: “Que se mate”, escribió una mujer; otra fue más explícita: “Él es un pedófilo, acosador y potencial violador que evidentemente no puede ni con la culpa y lo único que lo sostiene es su ego manía”. Nadie le había comprobado nada, pero ya había sido juzgado y condenado. “Hola, abusador…”, le dijo alguien más para seguirlo empujando al infierno.

Al conocerse la noticia de su trágico fin (como escribían los viejos reporteros de policía) la furia no decreció. “El chantajista suicida: not a new story”, decía uno de los tuits en la cascada cibernética de insultos y descalificaciones para el bajista de Botellita de Jerez.

Como autor de novelas y cuentos para niños y jóvenes, Armando no tenía futuro: ¿quién iba a publicarle su próxima historia?, ¿podría volver a presentar sus libros, a leer sus relatos o tocar el ukelele en algún lugar público sin la posibilidad de ser boicoteado o incluso atacado personalmente por seguidores o fanáticos del MeTooMúsicosMexicanos o de cualquier colectivo similar?, ¿podría continuar en la música? La respuesta a estas preguntas es no. Lo habían forzado a renunciar a su vida pública.

El monje no quiere imaginar el tormento de sus últimas horas, sus pasos hacia la muerte en la madrugada del lunes, para no seguir viviendo la tragedia de la humillación. Para no continuar escuchando las injurias, las descalificaciones, las burlas, las amenazas de tantos desconocidos, hombres y mujeres, inmersos en la locura colectiva de las redes sociales.

El extremo del terror

En Humillación en las redes (Ediciones B, 2015), el periodista británico Jon Ronson recuerda cómo en 1787 Benjamin Rush, pionero en psiquiatría y uno de los padres fundadores de Estados Unidos, escribió una larga disertación contra las penas infamantes, cada vez más brutales y desprestigiadas. Llamaba —dice Roston— a eliminarlas todas, incluidos el cepo, la picota y el poste de flagelación “(…) puesto que la ignominia está considerada universalmente un castigo peor que la muerte. Costaría comprender que la ignominia se hubiera adoptado como una pena más leve que la muerte, como si no supiéramos que la mente humana rara vez llega a conocer la verdad sobre una materia cualquiera sin antes alcanzar el extremo del terror”.

Rush proponía, en vez de la humillación pública, escarmientos físicos severos a los infractores de la ley en lugares privados, inaccesibles a la mirada insaciable de la muchedumbre. Así, no habría testigos de su vergüenza, nadie se refocilaría con su dolor.

Después del discurso de Rush, en el transcurso del siguiente medio siglo todos los estados de la Unión Americana abolieron los castigos públicos, excepto Delaware, donde continuaron vigentes hasta 1952. En 1867 —escribe Roston—, The New York Times publicó un editorial intentando modificar esa actitud. Entre otras cosas, decía: “Si en el fondo (de la persona condenada) arde aún un rescoldo de dignidad, la exposición a la vergüenza pública lo apaga por completo. (…) Con el amor propio hecho añicos y la befa y el escarnio de la deshonra pública grabados a fuego en la frente, se siente perdida y abandonada por sus semejantes”.

En el siglo XXI las llamas de la humillación pública arden implacables, se confunde la denuncia con el linchamiento, nadie escucha a los acusados, los verdugos, lo sabemos, desconocen la misericordia.

En manada

Jon Ronson hace un impactante inventario de casos recientes de humillación pública. Habla de un juez de Houston, Texas, llamado Ted Poe, famoso por las penas impuestas en su corte. Por ejemplo, al adolescente Mike Hubacek, quien, en 1996, conduciendo en estado de ebriedad estrelló su carro contra otro ocasionando la muerte de dos de sus ocupantes, lo condenó a 110 días en una correccional “y a pasearse una vez al mes, durante diez años, frente a escuelas y bares con un letrero que decía MATÉ A DOS PERSONAS POR CONDUCIR BORRACHO”.

Entrevistado por Ronson, Hubacek afirma no sentirse amargado por la experiencia, mucha gente lo miraba con compasión, alguna lo bendecía o le brindaba palabras de aliento. Eso lo hizo salir adelante.

—Las humillaciones en las redes sociales son peores que las que sufriste tú —le dijo de pronto Ronson.

—Claro que son peores —respondió—. Los humilladores son anónimos.

—Incluso si no son anónimos, atacan en manada, que es como si lo fueran.

—Son despiadados —concluyó Hubacek.

En apariencia, las redes sociales han democratizado la justicia, los ciudadanos pueden cuestionar, denunciar, castigar no solo a los poderosos, sino a cualquier persona. “Por eso —escribe Ronson— debemos reflexionar sobre el grado de implacabilidad con el que nos sentimos cómodos”. ¿Alguien se opone a las denuncias fundadas de las mujeres? ¿Quién se siente cómodo destruyendo familias, amistades, carreras, vidas cuando las acusaciones contra un personaje público se hacen desde el anonimato y no han sido comprobadas? La intolerancia está de regreso y recargada. Dios nos bendiga.

Queridos cinco lectores, con el corazón enlutado, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes.

Amén.

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