Claudia Sheinbaum Pardo llegó a la Presidencia con una ventaja excepcional: heredó un movimiento cohesionado, una aprobación inédita y cien compromisos presentados como el segundo piso de la Cuarta Transformación. Sin embargo, a casi dos años de gobierno comienza a delinearse un patrón inquietante: allí donde aparecen presiones económicas, geopolíticas o corporativas de gran escala, el discurso termina negociando consigo mismo.
El caso más evidente es el fracking. Durante la campaña prometió prohibir la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos. La promesa era tajante y respondía a una de las banderas del ambientalismo progresista. Pero en abril de 2026, el libreto cambió. La prohibición dio paso al eufemismo del fracking amigable, sustentado en agua reciclada, aditivos biodegradables y un comité científico que evaluaría su viabilidad. La mutación ocurrió después del encuentro de la presidenta con Larry Fink, de BlackRock.
Algo semejante ocurre con la contaminación de Monterrey. La Presidenta se comprometió a atender de manera prioritaria la crisis ambiental de la Zona Metropolitana. La respuesta federal, sin embargo, ha consistido en patear el bote, en actualizar inventarios de emisiones mediante la Semarnat y la UNAM antes de tomar decisiones de mayor calado. Mientras tanto, la refinería de Cadereyta permanece intocable y Ternium anuncia una expansión multimillonaria que vuelve políticamente impensable cualquier choque frontal con la gran inversión. La realidad suele tener mejores abogados que la ideología.
En el marco de la política fiscal de salud pública, la Presidenta modificó las exigencias tributarias planteadas en el Paquete Económico para 2026 a la industria embotelladora, otorgando un plazo de hasta un año a compañías como Coca-Cola para cumplir metas graduales de salud. La obesidad de niños y adultos, la alta presión arterial y la diabetes, poco importaron. Por otro lado, la austeridad republicana convirtió al avión comercial en una especie de catecismo político: la prueba visible de que el poder había renunciado a los privilegios. Después de algunos vuelos comerciales al inicio del sexenio, Sheinbaum pasó a utilizar principalmente aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Marina. La explicación oficial —seguridad, logística y eficiencia— es perfectamente razonable. Lo que ya no resulta tan consistente es la ideología.
Cuando aparecen intereses estructurales —energía, seguridad nacional, inversiones, estabilidad macroeconómica o la compleja relación con Estados Unidos—, la narrativa ideológica ajusta el tono. La organización del Mundial de la FIFA obligó a convivir con el gran capital global. La relación con Donald Trump exige administrar concesiones en migración, comercio y seguridad que difícilmente pueden venderse como victorias doctrinarias. Gobernar convierte muchas consignas en letra chiquita.
La discusión sobre telecomunicaciones, regulación de plataformas digitales y combate a la desinformación ha colocado al Gobierno frente a un terreno resbaladizo. La administración afirma que busca proteger derechos y fortalecer el espacio público. Sus críticos advierten del riesgo de construir mecanismos de censura indirecta, autocensura o presión política sobre medios y plataformas.
Es una batalla extraordinariamente difícil de ganar porque la legitimidad democrática descansa precisamente en la posibilidad permanente de cuestionar al Poder.
Los estados modernos, democráticos, vigilan, pero no castigan. Sus propuestas con los nuevos lineamientos son otra batalla perdida. Es simple: no van a transitar.
