El más reciente desaguisado entre las autoridades del Municipio de León y el Gobierno del Estado de Guanajuato, con motivo de la asignación de recursos para la construcción de un puente vial, nos deja una gran lección para el ejercicio de la administración pública municipal. Veamos.
Se dice que gobernar es el arte de asignar recursos escasos para fines colectivos múltiples. Y precisamente por ser escasos, las administraciones municipales deben priorizar y eficientar su gasto, pero más aún, deben gestionar recursos adicionales y extraordinarios de los que por ley están a su alcance.
Un municipio, para poder cumplir con sus funciones y prestar los servicios públicos que le corresponden, cuenta esencialmente con los recursos provenientes de la coordinación fiscal, así como con sus ingresos propios directos o concurrentes, y extraordinariamente puede contratar deuda a corto o largo plazo. Pero, de forma adicional, puede gestionar recursos que presupuestalmente no le corresponden (no programables) y que, sin embargo, le pueden ser asignados por la Federación o el Estado. A este tipo de recursos les llamo: ingresos de la coordinación política, porque les antecede una gestión activa por parte de las autoridades municipales.
Hace años se decía que un buen presidente municipal tenía que estar preparado y consciente para saber tocar puertas en Los Pinos y en Paseo de la Presa. Es decir, debía desarrollar habilidades para gestionar recursos adicionales provenientes de la Federación y del Estado. Esa actividad no ha cambiado. En un municipio no hay recurso que alcance y menos que sobre. Parte de la función de la autoridad municipal es saber gestionar recursos adicionales y aprovechar cualquier oportunidad de obtenerlos. Hacer lo contrario no solo es imprudente: es negligente.
El caso del puente del bulevar Aeropuerto ilustra con crudeza esta verdad. El Gobierno del Estado de Guanajuato contempló una inversión cercana a los 435 millones de pesos, provenientes de un financiamiento de deuda pública de 4 mil millones, para construir esta obra vial prioritaria que aliviaría el congestionamiento en uno de los accesos más importantes de León. Se trataba de recursos extraordinarios, no programables en el presupuesto municipal, obtenidos gracias a la coordinación política y a la voluntad estatal de financiar al 100 por ciento un proyecto de alto impacto para la movilidad local.
Sin embargo, para ejercer esos recursos era indispensable cumplir requisitos jurídicos, técnicos y administrativos claros, entre ellos la liberación total del derecho de vía. El Municipio de León tuvo conocimiento oportuno de esos pendientes. Desde agosto de 2026 se le notificó formalmente el plazo del 15 de octubre para acreditar la disponibilidad de los predios. A pesar de un avance cercano al 99 por ciento, dos superficies —de apenas 166.42 y 490.86 metros cuadrados— permanecieron sin liberar a tiempo. Uno de ellos aún se encontraba en proceso de expropiación, iniciado tardíamente por el propio Ayuntamiento. También faltaban autorizaciones ambientales y la atención a observaciones técnicas del estudio de costo-beneficio.
La lección es contundente. Los recursos de la coordinación política no llegan solos ni se sostienen con discursos. Exigen gestión diligente, seguimiento puntual de trámites y anticipación de obstáculos legales. El Municipio de León había invertido ya alrededor de 115 millones de pesos propios en el proyecto ejecutivo, liberaciones parciales y vialidades laterales. Esa inversión municipal se ve ahora diluida en el tiempo porque no se cerró a tiempo el círculo de requisitos que permitía atraer y ejercer el financiamiento estatal completo.
La administración municipal de León tuvo la oportunidad de obtener recursos adicionales y los dejó ir. Definitivamente la negligencia estuvo de parte del Municipio. La mala gestión de esos recursos le ha ocasionado un perjuicio a la administración municipal. ¿Qué hará la Contraloría Municipal al respecto?