La crisis de movilidad que padece León ya no admite dilaciones. Calles saturadas, transporte público insuficiente, tiempos de traslado que roban horas de vida, contaminación creciente y un sistema que privilegia el automóvil particular sobre las personas han convertido el desplazamiento diario en una fuente permanente de estrés, pérdida económica y riesgo para la salud. Es urgente actuar. No con parches aislados ni con declaraciones de buenas intenciones, sino con un verdadero Pacto por la Movilidad en León que convoque, reúna y comprometa a todos los actores involucrados.
El problema es estructural y multicausal. El crecimiento de la ciudad, la expansión de fraccionamientos lejanos, la insuficiencia de rutas de transporte público eficientes, el deterioro de la infraestructura peatonal y ciclista, y la cultura del uso intensivo del automóvil y la motocicleta han generado un círculo vicioso. Los concesionarios de transporte enfrentan costos elevados y baja rentabilidad; los usuarios sufren unidades saturadas e irregularidad; los peatones y ciclistas carecen de condiciones seguras; y las empresas pierden productividad por los retrasos de sus trabajadores. Ningún sector puede resolverlo solo. Por eso se requiere un espacio de diálogo amplio, permanente y vinculante.
El Pacto por la Movilidad en León debe nacer como una convocatoria formal y abierta impulsada por el Ayuntamiento, con el respaldo explícito del gobierno estatal y federal. La primera etapa consiste en reunir, en un plazo urgente, a una mesa plural de trabajo. En ella deben sentarse representantes del Municipio (incluyendo las direcciones de Movilidad, Obras Públicas y Desarrollo Urbano), las cámaras empresariales, cámaras de la construcción y del comercio, sindicatos de trabajadores, los comités de colonos y organizaciones vecinales de las distintas zonas de la ciudad, representantes de estudiantes de universidades y preparatorias, investigadores de instituciones de educación superior, concesionarios del transporte público, empresas ensambladoras y comercializadoras de automóviles y motocicletas, y funcionarios de los gobiernos estatal y federal con competencia en movilidad, medio ambiente e infraestructura.
La metodología debe ser clara y transparente. Se propone instalar un Consejo Ciudadano de Movilidad con sesiones públicas, actas accesibles y un secretariado técnico coordinado por el Ayuntamiento en alianza con universidades locales. Cada sector presentará un diagnóstico propio y propuestas concretas en un plazo razonable. A partir de esos insumos debe elaborarse un diagnóstico compartido y un plan de acción con metas medibles a corto, mediano y largo plazo: reducción de tiempos de traslado, incremento de la cobertura y calidad del transporte público, mejora de la seguridad vial, ampliación de infraestructura peatonal y ciclista, y disminución de emisiones contaminantes.
Las líneas prioritarias de trabajo podrían incluir: 1) rediseño y modernización del sistema de transporte público con criterios de eficiencia, accesibilidad e integración tarifaria; 2) priorización de la movilidad no motorizada mediante ciclovías seguras y banquetas dignas; 3) gestión de la demanda del automóvil particular (estacionamientos, semáforos inteligentes, zonas de baja emisión); 4) programas de educación vial y cultura de respeto entre todos los usuarios de la vía; 5) mecanismos de financiamiento mixto que involucren a los tres órdenes de gobierno, a la iniciativa privada y a esquemas de participación ciudadana; y 6) seguimiento y evaluación independiente con indicadores públicos.
La urgencia es real. Cada día que pasa sin acuerdos concretos se traduce en más horas perdidas, más accidentes, más contaminación y mayor desigualdad en el acceso a oportunidades. León tiene la capacidad institucional, técnica y social para enfrentar este desafío. Lo que falta es voluntad política y un espacio de concertación genuino donde nadie quede fuera y nadie imponga su visión de manera unilateral.
