En Andrés Manuel López Obrador habitan varias personalidades políticas, he argumentado en otras ocasiones: un jefe de Estado, un líder de movimiento político y un predicador moral. Los tres operan de manera simultánea, casi siempre reforzándose favorablemente, pero en ocasiones con efectos lamentables contra sí mismos. El tema de las pensiones, con la propuesta de subirlas al 100% del último sueldo, es uno de estos casos.
El presidente intenta subsanar una injusticia, es cierto. La pensión para todos aquellos que se jubilaron bajo el régimen posterior a la norma de 1997 es raquítica. Los que hicieron esta reforma intentaban aliviar las finanzas del Estado, pero con cargo al futuro de los trabajadores. Hacer algo para corregir tal anomalía era necesario. Pero a este bandazo, López Obrador intenta responder con otro, a tal grado impracticable que en realidad termina perjudicando justo a los que intenta ayudar. ¿Por qué? Por tres razones.
Uno, en la práctica constituirá una transferencia neta de los pobres a los grupos medios. Parece extraño, pero los números no mienten. Solo poco menos de la mitad de los trabajadores están inscritos en el Seguro Social y operan en la economía formal, lo cual significa que la otra mitad no alcanzaría el beneficio de la reforma lopezobradorista. El grueso del “pueblo” trabaja en el sector informal, alrededor de 25 millones de personas, con un ingreso individual estimado en menos de 6 mil pesos mensuales y sin ninguna prestación. Los asegurados, en cambio, reciben en promedio casi 16 mil pesos. Es por estos últimos, y no por los primeros, por los cuales el presidente está abogando. El problema es que, como los ingresos del Estado operan en una lógica de suma cero (lo que uno recibe otro lo pierde), toda transferencia adicional a los sectores que tienen derecho a jubilarse caminaría en detrimento de los ingresos destinados a la urgente tarea de sacar de la pobreza a los que menos tienen. Y esto es así por el punto dos.
Dos, las finanzas públicas no están en condiciones de soportar un incremento sustancial de la carga destinada a pensiones. Actualmente representa alrededor del 23% del presupuesto de la federación y cada año aumenta; por otra parte, la derrama de los proyectos sociales de la 4T representa otro 16%, la mayor porción del resto se va en gasto público comprometido a sueldos de burócratas y partidas de operación, además del servicio de la deuda. Ninguno de los países del hemisferio Occidental retribuye el 100% de ingresos a sus jubilados. La zona escandinava maneja los criterios más altos con proporciones alrededor del 70%; la mayor parte de Europa opera entre 50 y 60%. Hay una lógica en ello: se asume que una persona jubilada, por edad y actividad, tiene una exigencia económica menor que un trabajador laboralmente activo y con hijos en edad escolar. Por otro lado, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población provocan que el gasto para sostener a la tercera edad se esté convirtiendo en uno de los principales desafíos de la sociedad contemporánea.
El problema es que el dinero tiene que salir de algún lado y, en primera instancia, ese lado es el gobierno. Se argumentará que una reforma fiscal lo resolvería, pero hay dos objeciones. Primero, que si se va a hacer una reforma fiscal para eso, significa que no se va a hacer para sacar a los más pobres de su miseria. Y segundo, que trasladar la carga a las empresas y al consumo de las personas (IVA o costo de servicios públicos) termina, inevitablemente, subiendo los precios y encareciendo el costo de vida. Otra vez, los más perjudicados serán aquellos que no están en los esquemas de jubilación y se ganan la vida como pueden.
Tres, al presentar un proyecto de ley tan ambicioso, que en realidad es poco menos que impracticable, el presidente asume que habrá de ser rechazado. Los motivos para hacerlo los describo en el siguiente párrafo, pero no podemos ignorar que hacer una propuesta imposible equivale a no hacer propuesta alguna para efectos de los trabajadores “post 1997”. Seguirán sufriendo una situación evidentemente injusta hasta que la 4T corrija el problema; López Obrador decidió no hacerlo por ahora aunque parezca lo contrario. Que el Estado no pueda hacer un aumento sustancial en el costo de las pensiones no significa que no puedan revisarse los aspectos urgentes de los que están en situación más apremiante.
¿Cuál es el sentido para plantearlo como lo hizo? Esencialmente electoral. Subir la jubilación al 100% es sumamente “marketero”. ¿Quién de los casi 23 millones inscritos en el IMSS va a oponerse? Para ser aprobado el proyecto del presidente requiere en el Congreso una mayoría calificada (dos tercios) con la que él no cuenta; y se da por sentado que la oposición va a rechazarlo, en este caso con absoluta razón. Morena y sus candidatos se asegurarán de pasarle la factura política a los candidatos de la oposición por un voto tan “impopular”.
El presidente, pues, está apelando a una astucia política que no es responsable. Un jefe de Estado que ve por el conjunto, y en particular por los más necesitados, no lo haría. Un líder de una facción política que busca votos sin importar las consecuencias, sí. Es en ese sentido que un López Obrador traiciona al otro López Obrador. Exagerando el punto equivaldría a proponer eliminar impuestos, quitar el predial o regalar la luz; medidas que la mayor parte de los votantes agradecerían, pero hacen inviable al Estado y, en un extremo, vivir en sociedad.
Se me dirá que, si no tiene posibilidades de aprobarse, el presidente sabe que en el fondo no hay consecuencias y solo equivale a una jugada electoral. Por desgracia no es así. La sola propuesta desde el asiento del poder tiene un impacto porque genera expectativas fundadas y una presión política sobre los futuros gobernantes. Bajar la edad de jubilación a los 60 años o subir la pensión al 100% del último salario son prohibitivas en Finlandia o en Noruega, ya no digamos en un país en el que 52% de la población activa opera sin IMSS, prestaciones o 1 peso de jubilación. Y tampoco van a recibirlo en caso de que la propuesta presidencial tuviera éxito con cargo al endeudamiento del Estado. Paradójicamente, una medida populista que no beneficia al pueblo.
