Más allá de su discurso beligerante sobre los males del neoliberalismo y lo que muchos califican de satanización del empresariado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en realidad su relación con los grandes capitanes del dinero ha sido relativamente amable y esencialmente práctica. Y, para no ir más lejos, basta recordar la composición de su Consejo Asesor Empresarial, integrado por los más importantes millonarios del país. Sin embargo, en las últimas semanas dos de los integrantes de este consejo parecen decididos a poner a prueba el delicado equilibrio que ambas partes acordaron a lo largo del sexenio. Me refiero a Germán Larrea, de Grupo México, y a Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Azteca. Es decir, segundo y tercero en la lista de multimillonarios del país.
Lo del Consejo Asesor Empresarial de López Obrador en realidad no es consejo ni opera como tal y mucho menos es asesor o apoyo del Presidente. Se trata de una expresión de practicidad política de ambas partes. Se necesitan mutuamente y actúan en consecuencia. En los hechos ha consistido en una comida a puerta cerrada una vez al año, en promedio, en la cual el mandatario explica sus decisiones y visiones, y las dos partes expresan sus preocupaciones.
Ha sido un acuerdo conveniente para el país. Es cierto que los multimillonarios no llegaron a ser lo que son ofreciendo disculpas ni pidiendo permiso. Pero tampoco peleándose con Sansón a las patadas; son personajes que a lo largo de la vida han sabido sacar provecho a su favor de las circunstancias. No se pelean con los presidentes, sobre todo si los presidentes no van a pelearse directamente con ellos. No es que carezcan de convicciones ideológicas o preferencias políticas, simplemente es que tienen más aprecio por sus intereses.
Por su parte, López Obrador ha sido fiel a su consigna de buscar un cambio sin desestabilizar al país. Eso no solo ha significado políticas macroeconómicas responsables a los ojos de estos magnates (control del gasto público, aversión al endeudamiento, control de la inflación, no aumento de impuestos, apoyo a los tratados comerciales, acatamiento a la legislación vigente), sino también una relación no hostil a sus intereses. Se podría decir muchas cosas de la suspensión del aeropuerto en Texcoco, pero el Presidente se aseguró de que las grandes empresas afectadas por la decisión no fueran perjudicadas, algo que se consiguió gracias a liquidaciones razonables y nuevos contratos en los proyectos públicos de la 4T.
Con todo, no ha sido fácil. Por una parte, pese a este clima económico responsable, AMLO decidió, por estrategia de legitimidad política y apoyo popular y electoral, mantener una narrativa beligerante con respecto al capital privado y al modelo neoliberal. Nunca dirigido directamente en contra de ellos, pero sí de sus personeros (medios de comunicación, abogados) y en abstracto al mundo que ellos capitanean. Lineamientos y valores con los cuales difícilmente pueden estar de acuerdo, aunque Carlos Slim, que parece ser una excepción, ha expresado que “primero los pobres” era un giro que la propia estabilidad del país necesitaba.
No se trata de una diferencia solo de narrativas. Algunos de ellos habrán resentido la pérdida de zonas de privilegio, como la condonación de impuestos, la eliminación de mecanismos para generar ganancias extraordinarias (outsourcing, por ejemplo) o los incrementos de salarios y mejoras en la vida sindical. Aunque tendrían que reconocer que son medidas que tampoco son revolucionarias: son normas comunes en sistemas de mercado menos desigual que el nuestro, pero al que ellos no están acostumbrados.
En resumen, tensiones han existido, pero en general y a pesar de los roces, las dos partes decidieron sostener ese delicado equilibrio. Parecería que Salinas Pliego y Germán Larrea han comenzado a romperlo, quizá porque hayan interpretado que el gobierno de la 4T modificó en su perjuicio tal equilibrio.
Recientemente Salinas Pliego decidió emprender en sus propias redes y en la línea editorial de la televisora una crítica a la 4T. Es cierto que no es la primera ocasión, pero en otros momentos lo había hecho en respuesta a una afectación puntual de sus intereses: por ejemplo, su oposición al cierre de comercios durante la pandemia. Ahora es distinto. El duro cuestionamiento a los libros de texto gratuito o el debate personalizado en contra de personajes clave del obradorismo, como Citlalli Hernández, escapan a las reglas no escritas que se habían establecido entre los magnates y el Presidente.
Solo podemos especular sobre las razones de ese cambio, pero probablemente figuran entre ellas el multimillonario reclamo del fisco a Grupo Azteca, que lejos de negociarse se ha llevado a las últimas consecuencias, o la cancelación de Banco Azteca como vía para la distribución de apoyos sociales. La estrategia de Salinas Pliego ha sido muy similar a la del propio AMLO, pero en sentido inverso. Cuestiona acremente al modelo de la 4T (“gobernícola”) y a colaboradores del Presidente, y al mismo tiempo se sigue diciendo amigo de él. Hasta ahora López Obrador no ha acusado el golpe y ha preferido no darse por enterado. No está claro lo que vaya a seguir. Sea que Salinas Pliego siga tensando la liga; sea que el Presidente y su gobierno sigan sin darse por aludidos o, por el contrario, decidan responder por las muchas vías que tienen a su disposición frente al grupo.
Lo de Larrea es más delicado. A diferencia de Salinas Pliego carece de relaciones anteriores con el Presidente y el principal rubro de interés de Grupo México, la minería, ha sido objeto de muchos roces a lo largo del sexenio, sin que nunca se haya derramado el vaso. Algo que ahora sí ha sucedido con motivo del Tren Maya. Se encuentra en litigio la licitación que este grupo obtuvo para la obra relativa al Tramo 5 Sur de este proyecto, por un monto de 5 mil millones de pesos. El gobierno decidió cancelarlo por incumplimiento y entregarlo a las fuerzas armadas. Los socios españoles de Grupo México se inconformaron con los términos, Larrea los habría apoyado, y gobierno y empresarios intercambiaron demandas por incumplimiento de contrato. A fines de mayo se hablaba de un acuerdo provisional, pero el columnista de negocios Mario Maldonado afirma que en los últimos días se habrían roto las negociaciones de manera exaltada y, por instancias del propio Presidente, se habría denunciado penalmente a los querellantes, incluyendo a accionistas de Grupo México. Fuentes indirectas aseguran que Larrea ha tomado personalmente las medidas financieras y jurídicas para encarar la batalla.
En suma, nada que no pueda resolverse en ambos casos, pero señales inequívocas de que la pax empresarial establecida hace cinco años entre la 4T y los dueños del dinero comienza a mostrar fracturas. Algo para estar atentos.
