El debate sobre el balance de la marcha en contra del INE seguirá corriendo durante varios días, y no podía ser de otra manera. Tan importante era el número de manifestantes como la guerra posterior para determinar el valor político del músculo exhibido. Sesenta mil, cómo dice el Presidente, o incluso 405 mil como estima la prensa crítica, son muchos o son pocos según se mire (más allá de las cifras ridículas de 10 mil personas que mencionó Martí Batres, secretario de Gobierno de la CdMx o, en el otro extremo, 640 mil según Guillermo Valdés, ex director del Cisen). La pregunta clave es: ¿éxito o fracaso?
Los organizadores resaltarán aspectos cualitativos, como es el hecho de que hayan participado corrientes políticas de muy diversa índole o que la protesta haya sido replicada en docenas de ciudades. Por su parte, el Presidente desdeñó el número, considerando que había sido una convocatoria de empresarios, Iglesia, medios de comunicación, intelectuales y sectores medios, como diciendo: si eso es lo que consiguieron, entre todos, no hay nada de qué preocuparse.
Supongo que los organizadores entendían que en última instancia no se trataba de un asunto de número (más allá, obviamente, de que no fuera un evento desairado), sabiendo que los obradoristas pueden convocar públicos más amplios. Intentaban un golpe para impactar en la opinión pública respecto al rechazo a la reforma electoral, por un lado y, por otro, presionar a los actores políticos (léase PRI) para no conceder a Morena los votos que necesita en la Cámara para aprobarla. Si consiguieron impactar a la opinión pública o no, lo sabremos con los sondeos que se realicen a partir de ahora; se recordará que, hasta hace unos días, el grueso de los entrevistados aprobaba un cambio en el INE vagamente en la dirección de lo que propone el Presidente. En lo segundo, probablemente la marcha tenga más éxito: presionar a la dirigencia del PRI a sostenerse en su dicho de rechazar la iniciativa presidencial. Varios de los que emitirían tal voto participaron en la manifestación, lo cual haría que recular en su posición supondría un costo político más alto (para lo que valga al cinismo de un miembro de la clase política).
Ahora bien, si el verdadero propósito de la marcha tenía la intención de mostrar el tamaño del antiobradorismo y el rechazo ciudadano al gobierno de la 4T, como ha sido señalado por el Presidente, el oficialismo puede dormir tranquilo. Ni los números más optimistas de los organizadores permitirían interpretar la jornada del domingo como un repudio masivo de la sociedad a su gobierno.
Lo paradójico de todo este tema, es que por importante que fuera la redefinición del INE, lo que parecía estar en juego era la oportunidad que disfrutaron cada una de las partes para exhibir a la otra. Terminaron enzarzados en una discusión en la que no había argumentaciones sobre las ventajas o desventajas de los distintos puntos de la propuesta; era más importante centrar la discusión en la etiqueta de uno como un dictador en potencia y de los otros como oligarcas corruptos.
¿Qué pasará con la reforma? Lo más probable es que, en efecto, no pase. Y no pasará no solo por la acción de la oposición, sino por la actitud del propio Presidente. De entrada, había pocas posibilidades, pues requiere dos tercios de la votación en la Cámara de Diputados, que Morena no tiene. En el caso de la militarización, el gobierno consiguió los votos del PRI porque en el fondo no afectaba los intereses puntuales de los legisladores de ese partido; solo exigió la negociación política “adecuada”. La reforma electoral y de las cámaras, en cambio, impacta las posiciones de muchos priistas en lo individual y del partido como institución.
La única posibilidad que tenían los operadores del Presidente, para conseguir hacerla pasar, consistía en hacer modificaciones en el contenido para compensar y justificar el cambio del voto de parte de un número suficiente de legisladores priistas. No habría sido fácil, pero era la estrategia a seguir. El Presidente la cortó de tajo, hace unos días, cuando señaló que la propuesta no se negociaría. En cierta manera la condenó a morir.
¿El rechazo de la reforma electoral será una derrota del Presidente? La verdad no sé siquiera si en algún momento él asumió que podría ser aprobada. Parecía estar más interesado en dejar constancia que la había presentado y que sus adversarios la habían rechazado. Y es que, en estricto sentido y para efectos político electorales, ni siquiera le conviene a Morena. ¿Por qué? Primero, porque el cacareado control del INE, que se supone le daría la reforma, en realidad habrá de conseguirlo en la primavera próxima cuando se retiren cuatro de los actuales consejeros, incluido el consejero presidente. Actualmente el gobierno tiene tres que simpatizan con sus causas (quizá cuatro), de los siete que requiere para tener mayoría. No tendrá problemas para conseguir dos tercios de los votos de los diputados con la negociación debida, y reemplazarlos por consejeros “con una dimensión social”. Y recordemos que se trata de períodos de nueve años, lo cual asegura las dos siguientes elecciones presidenciales. Antes de los comicios intermedios de 2027 saldrían otros tres “no obradoristas” (abril 2026). Todo eso sin reforma electoral.
Segundo, en la propuesta que hace Morena para reducir las cámaras sale perjudicado Morena. Los ejercicios que se han hecho para estimar, con los resultados de 2021, la composición de la Cámara con las nuevas reglas arroja pérdidas para el partido del Presidente: pierde curules al quitársele la sobrerrepresentación de las plurinominales de la que goza y al disminuir la cuota de los partidos pequeños que ahora son sus aliados. Ironías de la vida, al luchar denodadamente para “salvar a la democracia” e impedir la reforma electoral, la oposición está conservando el mecanismo que le facilita a Morena conseguir mayorías en la cámara y por esta vía asegurar el control del consejo del INE. Se me dirá que otras cosas estaban en juego en la disputa por esta reforma: el principio de austeridad y la ciudadanización de la elección de autoridades electorales, para unos; la defensa de la autonomía o el derecho de las minorías, para otros. Pero en términos de la política real, las aguas toman su cauce: mientras la oposición siga dejando el monopolio de las mayorías a Morena y sea incapaz de construir una propuesta viable y atractiva a los sectores populares, con ley o sin ley, la correlación de fuerzas seguirá favoreciendo al partido del Presidente.
@jorgezepedap
