M+.- Según la orilla de la polarización que usted habite, Guadalupe Taddei tiene dos padrinos distintos. Para los críticos del gobierno, la defenestrada presidenta del INE es hija de la 4T: llegó al cargo gracias a una tómbola organizada por una Cámara de Diputados con mayoría oficialista y, en 2024, avaló la sobrerrepresentación que otorgó a Morena y sus aliados la mayoría calificada. Para Palacio Nacional, en cambio, Taddei es producto del antiguo régimen. En la mañanera de este miércoles, Claudia Sheinbaum recordó que en 2014 la exfuncionaria asumió la presidencia del instituto electoral de Sonora con el aval del INE, entonces encabezado por Lorenzo Córdova, y bajo el gobierno del panista Guillermo Padrés. Cuando Morena todavía ni existía, remató la Presidenta.
Paradójicamente, las dos versiones son ciertas. Y, por lo mismo, engañosas. Taddei fue autoridad electoral de Sonora con los de antes y de todo el país con los de ahora: una funcionaria útil o aceptable para unos y otros, según el momento político. Ahora que ha caído en desgracia, cada quien recorta su currículo a conveniencia.
Lo mismo sucede con José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor bajo investigación. Sus empresas hacían negocios con el organismo electoral mucho antes de que llegaran Taddei o Morena: con el viejo IFE, con el INE de Lorenzo Córdova en tiempos de Peña Nieto y con decenas de institutos estatales, y siguieron haciéndolos en los dos pisos de la 4T. Con Taddei, eso sí, la relación pasó del mostrador a la sala de la casa y a los hoteles de lujo. El contratista sobrevivió a consejeros y presidentes de todos los signos, y a sus respectivos auditores. Los gobiernos cambian; el proveedor permanece.
Así, quien veía en la 4T un gobierno empeñado en desaparecer o someter a los órganos autónomos encontró en el escándalo la confirmación que buscaba. Y quien veía en el viejo INE una mafia neoliberal contraria al cambio popular halló en la mañanera de este miércoles un argumento adicional. Nadie cambió de opinión; sólo se afilaron las que ya existían. Ignorar que Taddei y el proveedor ya eran lo que eran antes de Morena es absurdo; pero escudarse en que “ellos la trajeron primero” es un argumento de patio de escuela, no de Estado.
Estamos metidos en una trampa. Todos exigimos un árbitro imparcial. Oposición, editorialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil piden una nueva cabeza que no sea incondicional del oficialismo. La Presidenta asegura querer lo mismo y ha solicitado una auditoría amplia al instituto. Pero unos y otros lo exigimos desde la tribuna de la porra, con la camiseta puesta y el silbato en la mano. Queremos un réferi neutral, siempre y cuando marque los penales contra el otro equipo.
En los próximos días, la Cámara de Diputados definirá el relevo de Taddei. Quien resulte electo conducirá las elecciones intermedias del próximo año y la sucesión presidencial de 2030; su periodo concluye en 2032. Si el debate gira en torno al reparto de culpas, la designación será un acto de revancha o de blindaje.
El partido en el poder buscará a alguien que lave la cara del instituto; la pregunta es si tendrá el valor y la calidad moral para optar por quien aplique la ley al margen de cualquier proyecto político. La oposición, por su parte, descalificará a cualquiera que no sea de los suyos. El riesgo es que el sucesor nazca con el mismo pecado original que su antecesora: ser visto como la ficha de alguien.
Mirar hacia atrás sí es indispensable, pero en otra ventanilla: la de la Auditoría Superior y la fiscalía, que deben investigar lo sucedido en el INE sin importar el sexenio. A ellas hay que exigirles rigor jurídico y resultados ajenos al cálculo político; a todos los demás, vigilar que la investigación no se archive en cuanto baje el escándalo.
¿Cómo encontrar a alguien que merezca el respeto de todos, si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en el reparto de culpas por la crisis anterior? Invirtiendo el orden de la conversación: primero los criterios, después los nombres. Y quizá apelando a una prueba de sentido común: que el aspirante sea alguien a quien la oposición aceptaría si lo propusiera Morena, y a quien Morena aceptaría si lo propusiera la oposición.
Eso implica dos cosas. Una, que la oposición asuma que un árbitro imparcial no es un árbitro opositor. Y dos, que Claudia Sheinbaum entienda que un réferi incuestionable le es más útil al futuro de la 4T que uno incondicional: con la ventaja que hoy tiene su movimiento, lo que más necesita no es un árbitro a modo, sino victorias que nadie pueda impugnar.
Hace unos días me preguntaba en este espacio si Claudia Sheinbaum respondería a esta coyuntura como jefa de Estado o como jefa de un movimiento político: si buscaría un árbitro imparcial o uno favorable a su proyecto. Pero el dilema, en cierta medida, es de todos los que participamos en la conversación pública.
Antes de exigir imparcialidad, tendríamos que intentar desintoxicarnos de la polarización, aunque sea por unas semanas. Mientras sigamos discutiendo quién trajo a Taddei, no discutiremos en serio quién debe sucederla ni cómo sanear de verdad al INE. Y eso es lo que importará en 2027 y en 2030. Nos hemos precipitado de tal manera en el vértigo descendente de la polarización que habría que plantearnos si aún estamos en condiciones de construir un INE que escape a ella.
