En este mismo espacio he publicado dos columnas donde expuse la serie de atrocidades que ha venido cometiendo el Gobierno del estado de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, en contra de diversos grupos y sectores productivos para literalmente extorsionarlos.
La gravedad de estos hechos propició que en días pasados el tema fuera ventilado en el propio Senado de la República en voz de los senadores Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y de Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, este último frente a la secretaria de Gobernación, calificando en el acto como “desquiciado” al gobernador de Nayarit.
El tema ahora es que ha salido a la luz la evidencia real y tangible de la extorsión gubernamental.
El caso es que en el denominado “Mega Operativo Nuevo Nayarit”, que supuestamente tiene por objeto recuperar propiedades del Fideicomiso Bahía de Banderas que fueron vendidas (y pagadas) entre hace 18 y 11 años, una de las argucias legaloides de las que se han valido los ministerios públicos y jueces locales para iniciar averiguaciones abiertamente improcedentes es que estos han establecido que a su criterio, esos delitos no están prescritos porque “son continuados” y no “instantáneos”.
Pero, afirmar lo anterior es verdaderamente una aberración jurídica de la que se valen las autoridades nayaritas para extorsionar y es además la mejor prueba de los delitos que se han denunciado hasta en la Cámara de Senadores y que está cometiendo el gobernador de aquel estado, Miguel Ángel Navarro Quintero; su fiscal general, Petronilo Díaz Ponce Medrano; su ex sub fiscal ahora convertido en Magistrado Rodrigo Benítez Pérez y algunos jueces locales que si su criterio no les avergüenza no tendrían razón para sentirse incómodos con aquí mencionar sus nombres, pues en ellos se materializa realmente la figura del “verdugo”, pues con su firma y palabra, lo mismo se mantiene a gente en la cárcel que a empresarios les quitan sus propiedades en juicios llevados en un solo día.
Así pues, la prueba del delito salió a relucir con una sentencia de amparo dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en la que determinó que es inconstitucional la manera en que las autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial del Estado de Nayarit están analizando la prescripción en los asuntos que “investigan” -como ya hemos dicho- para extorsionar.
Así pues, no se necesita ser abogado para tener noción de que los delitos o supuestos delitos prescriben con el solo transcurso del tiempo. Esta figura de la prescripción, dice la sentencia de amparo, tiene como fin último que no quede expedita indefinidamente la acción persecutoria del Estado, lo que encuentra su justificación en los derechos universalmente aceptados a la seguridad y certeza jurídica de los que deben gozar todos los gobernados.
De hecho, admitir la tesis del gobierno y jueces de Nayarit sería tanto como afirmar que el delito de homicidio no es instantáneo sino continuado porque el muerto sigue estando muerto y no ha revivido, y el cadáver sigue siendo un cadáver.
Así de absurdas las teorías jurídicas del gobierno de Nayarit, de su fiscalía y de “sus jueces”.
Estos jueces del Poder Judicial del Estado de Nayarit que no honran su labor ni son independientes como lo deberían, son los Jueces de Control: Fabián Bernal Muñoz, Antonio Manuel González García, Talia Sagnite Rubio Aguilar, Filiberto Rojas García, Jorge Enrique Ledezma González, José Manuel González Zepeda y José Soltero Lepe Velázquez.
