En el precio de casi todo lo que llega a un anaquel hay un costo que no aparece en la etiqueta y que casi nunca es el arancel. En estos meses, sin embargo, el debate gira casi por completo en torno a los aranceles: los de Estados Unidos, la revisión del T-MEC o las cuotas compensatorias. Es comprensible, porque el arancel es ruidoso y mediático. Pero quienes movemos mercancías sabemos que el costo más alto, casi siempre, es el que no se ve.
Un arancel es, en el fondo, un número. Se publica en la tarifa, se asocia a una fracción arancelaria y permite conocer de antemano cuánto costará importar. Es transparente y predecible: permite planear, presupuestar y decidir si conviene o no traer una mercancía. La medida no arancelaria es justo lo contrario. Está dispersa en decenas de ordenamientos, cambia sin previo aviso y, sobre todo, muchas veces no se conoce hasta que el importador ya está dentro del proceso.
Conviene decirlo desde el inicio: esto no es asunto de un gobierno en particular. Es una tendencia de décadas. Desde los años noventa, mientras los aranceles en el mundo bajaban ronda tras ronda, el aparato no arancelario creció en sentido contrario. La Unctad ha documentado desde hace años que estas medidas condicionan cada vez más el acceso a los mercados.
Los números recientes lo confirman. Según el Global Trade Update de mayo de 2026 de la Unctad, dedicado a las “barreras invisibles”, las medidas no arancelarias ya representan un costo mayor que los aranceles en casi nueve de cada diez países, y su cumplimiento puede multiplicar varias veces el impacto del propio arancel. Más revelador aún: cuando una medida no se notifica con transparencia, equivale a un arancel cercano a 30 por ciento. Y México no escapa a ese panorama.
El enfoque, eso sí, varía. Estados Unidos descansa en gran medida en la autocertificación del importador y en la vigilancia posterior del mercado: salvo en sectores como salud, alimentos y productos agropecuarios, el grueso de las mercancías cruza la aduana sin exhibir permisos, y el cumplimiento se revisa después. Con la vecindad y el T-MEC, el comercio fluye. América Latina, en cambio, concentra la exigencia en la propia aduana —el certificado, el permiso o el padrón deben presentarse antes del despacho— y la extiende a gran parte del universo de productos.
México lo ilustra con claridad: toda regulación se ancla a la fracción arancelaria, lo cual es una virtud técnica, pero el reto está en la magnitud. Según análisis especializados, alrededor de 6 mil 800 fracciones —más de cuatro quintas partes del universo arancelario— están sujetas a alguna regulación o restricción no arancelaria, repartida entre las secretarías de Economía, Salud, Agricultura, Defensa y otras dependencias, de modo que una sola mercancía puede quedar sujeta a varias disposiciones simultáneamente.
Y cada permiso trae consigo su propio expediente: laboratorio, certificado, registro, etiquetado, plazos y, con frecuencia, días de mercancía detenida en aduana. Para una empresa grande, con equipos dedicados a anticipar y cumplir, es un costo administrable; para una micro, pequeña o mediana empresa, suele convertirse en la barrera que la deja fuera. Nada de esto aparece en la tarifa, pero todo termina trasladándose al precio que paga el consumidor.
Además, existe un segundo efecto: esas mismas barreras son las que enfrentan nuestros exportadores al vender en otros mercados, donde cada país exige requisitos distintos, restando competitividad a las empresas mexicanas y presencia a México en el mundo.
No se trata de desmantelar la regulación. Las normas que protegen la salud, la seguridad y el medio ambiente son legítimas y necesarias. El problema no es la regla, sino la burocracia, la dispersión y la imprevisibilidad con la que se aplica. Una barrera deja de ser legítima cuando resulta más restrictiva de lo necesario o cuando nadie sabe con claridad qué exige.
El fenómeno es global y se retroalimenta: cuando un país levanta una barrera, otro responde y la maraña crece. Por eso la salida no puede ser unilateral. La verdadera agenda de un comercio justo no está hoy en imponer más barreras —el arancel, de hecho, ha vuelto a aumentar en el mundo—, sino en ordenar las que ya existen: convergencia con estándares internacionales, reconocimiento mutuo de certificaciones y sistemas públicos de consulta que permitan conocer, antes de invertir, qué requisitos existen y por qué.
La propia Unctad estima que una mayor convergencia regulatoria podría reducir entre una sexta parte y casi una tercera parte de estos costos.
El arancel se anuncia; la barrera no arancelaria se descubre. Mientras sigamos discutiendo sólo lo primero, seguiremos pagando lo segundo. Y quien termina pagándolo, al final, es el consumidor.
