La postura del gobierno mexicano respecto al conflicto entre el gobierno del Estado de Israel y el grupo Hamas, no puede ser otra a la que establece la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En primer lugar, conforme a esta fracción, es el presidente de la República la autoridad competente para dirigir la política exterior del país, por lo tanto, es el presidente de la República quien tiene que fijar la postura del gobierno mexicano y no los comentaristas de la televisión, ni las editoriales de los diarios, ni periodistas, analistas, o partidos políticos.
Por otro lado, tal postura no puede ser ni arbitraria ni caprichosa y debe de sujetarse en todo tiempo a los principios establecidos al respecto por la norma constitucional citada, a saber: la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Expuesto lo anterior, es a todas luces claro que la actuación del presidente de la república de abstenerse de tomar partido en el conflicto, el de no pronunciarse a favor de uno o de otro bando, y en su lugar abogar por la paz, la protección de los derechos humanos y la seguridad internacional fue, sin duda, una postura congruente tanto con la norma constitucional que así lo obliga, como con el humanismo que guía al titular del poder ejecutivo en la presente administración.
Nos sumamos a la promoción de la paz y de la solución pacífica de las controversias, sin tomar postura en favor de alguna de las partes, sabiendo que hacerlo necesariamente promueve el choque, el conflicto, la destrucción que conllevan las guerras, en todo caso y sin excepción.
