El diálogo entre el gobierno federal y los empresarios más importantes del país y las organizaciones empresariales ha sido intenso, y aunque los resultados en inversión, empleo y crecimiento económico no se han visto, detonarán rápido. Eso deben tenerlo muy claro en el Congreso al discutir el Paquete Económico 2027, que busca “mantener el grado de inversión de México y mejorar la calificación crediticia en el corto y mediano plazo”.
Banamex explica por qué ahora las estimaciones macroeconómicas en general están más alineadas a las expectativas de organismos y analistas: se “dio continuidad por tercer año consecutivo a la consolidación fiscal emprendida después de que los Requerimientos Fiscales del Sector Público alcanzaron 5.8 por ciento del PIB en 2024, el déficit más amplio desde 1988”. Los excesos del pasado exigen realismo.
Por eso el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó que “estamos comprometidos con el buen crédito, con la buena calificación del crédito público del país y lo vamos a mantener”, y garantizó seguir con la comunicación permanente con las agencias calificadoras de riesgo y los organismos empresariales.
El CCE, de José Medina Mora, reiteró que “la prioridad debe ser mantener el grado de inversión del país, disminuir gradualmente el déficit público, desacelerar el crecimiento de la deuda y crear las condiciones para que la economía crezca a un ritmo mayor”, y solicitó soluciones estructurales para las empresas del Estado y apoyar la inversión con reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal.
BBVA México apuntó la necesidad de enfrentar la baja recaudación mediante una reforma fiscal integral que aborde los problemas operativos de Pemex y la reducción de la informalidad. “Tenemos la firme convicción de que será necesaria una reforma fiscal en el mediano plazo, considerando las rigideces del gasto público por la ampliación de los programas sociales, el costo financiero y el pago de pensiones”.
Sobre el tema Grupo Coppel destacó que el “principal riesgo fiscal no es únicamente el nivel del déficit, sino la creciente rigidez presupuestaria: cada vez existe menos margen para corregir desviaciones sin afectar las prioridades del gasto”, y apuntó que entre las presiones estructurales de las finanzas públicas están la deuda creciente, las pensiones, el mayor costo financiero y la constante rigidez presupuestaria.
