El viernes 14 le comentó que Andrea M. Gacki , directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), advirtió que se utilizan las remesas para dinero lavar. Pues el pasado viernes emitió la alerta para que las empresas de servicios monetarios de Estados Unidos detecten e informen sobre este tipo de operaciones “que involucren a inmigrantes ilegales, es decir, personas sin estatus legal” en el país.
Van seis meses de caídas en el registro de remesas y seguirán más por esta decisión. Según el Cemla, en UE al primer trimestre del año se registraron 2 millones 322 mil inmigrantes mexicanos con ciudadanía, y 5 millones sin ella. En 2024 un total de 4 millones 495 mil hogares mexicanos recibieron remesas y BBVA México calculó que éstas contribuyeron a reducir en un millón 92 mil el número de personas en situación de pobreza multidimensional.
FinCEN comentó que, según la Oficina de Análisis Económico, “las remesas personales de inmigrantes residentes en la UE a residentes extranjeros superaron los 72 mil millones de dólares en 2024”, y que “la gran mayoría” son legítimas. “Hay “actores malintencionados que han utilizado transferencias transfronterizas de bajo valor para financiar el terrorismo, traficar con narcóticos y otros ilícitos”. De ahí el por qué la nueva alerta.
También los productores viernes y transportistas acordaron con el gobierno federal una hoja de ruta para atender los problemas de comercialización de granos agrícolas, revisión de adeudos, agua y seguridad carretera, lo que sirvió para desbloquear caminos en todo el país.
Juan Carlos Anaya , presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), comentó que el gobierno revisará los precios de garantía en diciembre, que habrá un esquema de apoyos directos para productores de granos básicos, y que incorporarán a granos y oleaginosas en la próxima revisión del T-MEC. Se ratificó el pago de subsidios atrasados y el 8 de diciembre iniciará la mesa nacional para revisar políticas agroalimentarias; Sader dará 21 días para recibir solicitudes de pagos pendientes de productores excluidos, y resolverá cada caso en un máximo de 45 días.
Destacó que el gobierno debe ganarse la confianza del sector al cumplir con esos pagos y atender los casos excluidos sin justificación. En cuanto a los precios de garantía, “no está definido si los productores mayores a 5, 20 y 50 hectáreas estarán incluidos, y si se integrarán cultivos excluidos como maíz amarillo, sorgo y trigo cristalino; dejarlos fuera generaría desigualdades regionales y afectaría la producción industrial, pecuaria y de exportación”.
En el anuncio de apoyos directos falta definir montos por tonelada, reglas de operación, volumen a apoyar, cobertura nacional y duración del esquema en ciclos futuros de producción .
