Los migrantes que ingresaron de forma irregular a México y que están en busca de mejores condiciones de vida, no solo deben protegerse contra grupos criminales, también contra servidores públicos, integrantes de los tres niveles de gobierno.
De forma lamentable, las personas que están en busca de mejores condiciones de vida en un país diferente al que nacieron son tratados como seres sin valor, como si su vida no importara nada y son colocados en un menor nivel que las mercancías.
Las autoridades mexicanas, entre ellas, las del Instituto Nacional de Migración (NM), en realidad, tratan a los migrantes como mercancías y les hacen cobros fuera de la ley en estancias de espera.
Una muestra de que los servidores públicos están cometiendo abusos contra los migrantes, se presentó en el estado de Puebla. Amador N. y Carolina N., quienes eran funcionarios, solicitaron dinero a los migrantes a cambio de agilizar los procesos de deportación en septiembre de 2021.
Los servidores públicos, que enfrentan un proceso por el delito de cohecho agravado, amenazaban a los migrantes en un albergue provisional en la capital poblana, y les solicitaron dinero a cambio de agilizar su retorno a su país de origen.
En concreto, los dos servidores advirtieron a tres adolescentes que si no pagaban se quedarían más tiempo en México, revela una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
“El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), reunió los datos de prueba y solicitó audiencia inicial para formular imputación en contra de ambas personas servidoras públicas. Ante la solicitud, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla dictó auto de vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria”, reportó la FGR.
El caso de los dos servidores públicos en Puebla es una muestra de que, las propias personas que están llamadas a respetar los derechos humanos, en diferentes casos, se aprovechan de la situación. Por ello, es urgente que los migrantes cuenten con garantías para que puedan presentar denuncias ante agresiones y se aplique la ley.
