M+.- Una encuesta de Alejandro Moreno ha intentado medir cuánta aprobación presidencial puede inducir el dinero que se regala en los llamados programas sociales del gobierno federal.
La respuesta es: bastante. Tanto que, siguiendo los números, podría decirse que hay dos presidencias distintas: la de los que reciben dinero del gobierno y la de los que no.
Al empezar 2025, la aprobación de la Presidenta entre los que reciben dinero, los beneficiarios de sus subsidios en efectivo, era de 80 por ciento. Entre los no beneficiarios, la aprobación bajaba a 66 por ciento.
Para mediados de 2026, las cosas no habían cambiado mucho en la opinión de los beneficiados, que aprobaban a la Presidenta con 78 por ciento. Pero había cambiado bastante entre los no beneficiados, cuya aprobación de la Presidenta había caído a 47 por ciento.
La aprobación de la Presidenta entre beneficiarios del dinero que el gobierno reparte a su nombre, como lo hizo hace poco el secretario de Educación, Mario Delgado, no mide intenciones de voto, pero inclina la balanza hacia Morena y su Presidenta.
La opinión de los no beneficiados es bastante más crítica que la de los beneficiados, y debería preocupar al gobierno. Según la encuesta, entre los ciudadanos a los que el gobierno no les regala dinero, la aprobación presidencial perdió 19 puntos en dos años: de 66 por ciento a 47 por ciento.
Creo que esta será una preocupación menor entre los estrategas de inducir votos regalando dinero público. La noticia fuerte para ellos es la estabilidad de una aprobación presidencial alta, inducida por los subsidios sociales.
Hay poco de social en esos subsidios, en realidad, en el sentido de procurar servicios sociales. Hay, en cambio, mucho de inducción electoral con un reparto anual de dinero público que ronda el millón de millones de pesos.
La encuesta prueba que la captura de aprobación presidencial mediante reparto de dinero, a nombre del partido en el gobierno y de su Presidenta, ha sido eficaz.
El reparto ha sido también profundamente abusivo y sustantivamente ilegal, pues se sostiene el hecho de que el gobierno convirtió a su Secretaría del Bienestar y a sus empleados, entre ellos más de 20 mil Servidores de la Nación, en la caja grande y la red territorial de reparto de dinero público, dinero de todos, en favor de Morena.
(La encuesta de Alejandro Moreno en El financiero, 22/8/26).
