La representación de los migrantes que viven en el extranjero en el poder legislativo federal y en el Congreso del Estado de Puebla se mantiene como un pendiente, a pesar de las reformas electorales.
La reforma electoral a nivel federal, que está en marcha, incorpora, por primera vez de manera explícita, diputaciones federales reservadas para migrantes residentes en el extranjero; sin embargo, falta camino por recorrer para que se alcance una verdadera representación de quienes son mexicanos, se fueron en busca de mejorar sus condiciones de vida y apoyan el desarrollo de sus comunidades con las remesas que envían.
La reforma electoral federal, a pesar de incluir la figura de ocho diputados migrantes, ahora elimina la representación proporcional en el Senado, lo que limita la posibilidad de que haya senadores migrantes. En otras palabras, Puebla no podrá contar en próximos procesos electorales con la posibilidad de que uno de sus migrantes ocupe un lugar en la cámara alta.
De alguna forma, la reforma electoral permite que haya representación de migrantes; sin embargo, faltarán medidas para garantizar que los mexicanos que vivan en el extranjero velen por los intereses de los paisanos y no solo por los propios.
Con la reforma electoral, el riesgo de que ocho supuestos líderes migrantes sin un peso específico lleguen al Congreso de la Unión está presente; además existen altas posibilidades de que, una vez en el cargo, se olviden de buscar beneficios para los compatriotas.
En Puebla, el Congreso local ya aprobó el nacimiento de la primera diputación migrante; sin embargo, en la realidad, existen más deseos que acciones concretas para tomar en cuenta las opiniones de las mujeres y hombres que dejaron su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida.
Las elecciones de 2027 en Puebla serán trascendentales porque, por primera vez, se podrá elegir al llamado diputado migrante. El problema es que todavía existen retos como fortalecer el padrón de mexicanos residentes en el extranjero, facilitar la credencialización, aumentar la participación ciudadana y, sobre todo, tomar en cuenta sus puntos de vista en acciones que beneficien a las llamadas zonas expulsoras.
