Se acaba 2016 y ya comenzamos con los recuentos del año. El balance para unos puede ser positivo y para otros negativo, incluso algunos esperan que 2017 siga dando negocio. Por ejemplo, en la @Conade cruzan los dedos para que no se caiga el deal con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Como te dije el lunes, este contrato podría prorrogarse en enero, pese a que existen muchas quejas del servicio. Por ejemplo, el contratista de la UAEH, Freight Ideas, podría seguir pagando atractivos tours como el de las Olimpiadas de Río. Eso es tener buenos business, pues pese a que la UAEH entregó los equipos cuatro meses después, o nunca los entregó, no tiene sanciones en contra.
En cambio, en la @SEP_mx se truenan los dedos porque no creen salir en tiempo para dar este año su fallo sobre seguridad informática. Si no pueden contratar el servicio perderían el presupuesto y el moche. La versión es que declararán desierto otra vez el concurso porque las marcas están muy “cantadas”. Además, la junta de aclaraciones parece más bien un acto de linchamiento público. Recibieron cientos de preguntas, hasta de la tlapalería de la esquina. Incluso corre la versión de que el director de tecnologías de información podría dejar su puesto.
También en telecomunicaciones hay recuentos y no hay buenas noticias. Ya son más de dos años de promulgada la reforma y continuamos en un debate interminable. Seguimos discutiendo la concentración del mercado, la falta de competencia en el sector y la compartición de infraestructura. Entre los deseos de Año Nuevo está que los reguladores se aseguren de que lo estipulado hace tanto tiempo sea una realidad.
Juez y parte
Mis amigos chismosos me dicen que Aguirre & Chávez Abogados, de Ricardo Aguirre, le ganó una batalla legal a la Condusef. El despacho mantiene vivo el amparo sobre la emisión de dictámenes de la Condusef en controversias sobre firmas de cheques. Los bancos, me cuentan, habían denunciado que los dictámenes emitidos por la comisión eran hechos como si fuera juez y parte. Ahora el amparo fue turnado al ministro José Ramón Cossío, quien tendrá que analizar el caso. Me dicen que esto beneficiará a ambas partes, tanto a usuarios como a los propios bancos, porque será un tercero quien emita una resolución.
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