El sueño del gobierno de Enrique Peña Nieto para regresar a la época dorada del ferrocarril detonó dos megaproyectos de trenes, uno a Querétaro y otro al valle de Toluca. Al primero lo frenaron la Casa Blanca y el grupo Higa, el segundo quedó detenido por un sobreprecio que lo volvió incosteable.
Desde el inicio, la construcción del Tren Interurbano México-Toluca fue un error. La pretensión de trasladar a 230 mil pasajeros diarios desde Zinacantán hasta Observatorio, sin pasar siquiera por el aeropuerto de Toluca, sonaba a un absurdo.
En el plano económico su costo lo volvió socialmente no rentable. Proyectado en 2013 para terminarse en cuatro años con una inversión de 38 mil mdp, pasaron seis años y se gastaron 59 mil mdp. La puntilla es que faltarían aún entre 15 mil y 25 mil mdp más para concluirlo, dinero que, ya anunció el gobierno de López Obrador, no existe en el presupuesto.
Para quien sabe leer eso significa que el tren quedará congelado en espera de mejores épocas que quién sabe si lleguen. Es más, podemos apostar a que correrá la misma suerte que el Nuevo Aeropuerto, convertirse en una ruina de un régimen caracterizado por su corrupción.
El problema reside en quién decide qué obras construir. Esos más de 50 mil millones de pesos podrían haber mitigado el problema del transporte público en el valle de México, pero como el entonces grupo gobernante decidió que querían su tren a Toluca, para allá se llevaron el dinero. Quizá porque como suelen decir los constructores: “Si no hay obra, no sobra”.
En 2014, el ITDP propuso crear una red de 29 nuevas rutas de Metrobús y Mexibús, alrededor de 500 kilómetros adicionales, que trasladarían a más de 7.5 millones pasajeros al día, con una inversión de 35 mil mdp a 10 años… ya iríamos a la mitad de esa obra y habríamos reducido el tráfico y la contaminación en la megalópolis (bit.ly/MetrobusMexibus).
Año con año y sobre todo al iniciar el sexenio, los constructores se acercan para ofrecer grandes proyectos de infraestructura, obras públicas que perpetúen el ciclo de licitación-invitación restringida-adjudicación-diezmo y ¡adiós!, que alguien más lidie con los problemas de trabajos inconclusos, sobreprecios y errores.
En marzo de 2018, hace justo un año, el Instituto Mexicano para la Competitividad denunció que ese tren se había vuelto socialmente no rentable, con base en los datos del mismo proyecto (bit.ly/TrenIMCO).
En lo social tampoco se había considerado el impacto de esa obra y por eso los comuneros frenaron el trazo previsto. Tampoco se incluyó una propuesta para reformar la terminal de Observatorio, a donde pretendía llegar.
Lo peor de todo es que el tren se justificó como una obra que iba a “fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo”.
Hoy, su muerte está anunciada.
Es tiempo de abandonar ese manual para tirar el dinero público y evaluar, como lo propuso el IMCO, tener una agencia encargada de evaluar el riesgo de las grandes construcciones, como la Infrastructure and Projects Authority del Reino Unido.
También aplica para el Tren Maya, por supuesto. No queremos que la historia se repita.
hector.zamarron@milenio.com
@hzamarron
