Desde 2014 México incorporó a su Constitución Política el principio de paridad para la postulación de candidaturas de mujeres y hombres. En 2019 se aprobaron reformas constitucionales para incorporar la Paridad Total, lo que implica que la mitad de los cargos de decisión sean para mujeres en los tres poderes del Estado, los tres órdenes de gobierno, organismos constitucionales autónomos y las candidaturas a los cargos de elección popular.
En 2020 se disputaron 15 gubernaturas, donde el INE y ratificado por el Tribunal Electoral obligó a los partidos a postular a siete mujeres en las 15 elecciones en disputa. Posteriormente, en 2021 hubo elecciones en seis estados y aplicándose el principio, se postularon a tres hombres y tres mujeres. Asimismo, en 2023 hubo elecciones en dos estados, y se postularon a una mujer y a un hombre.
Ahora, durante las elecciones del 2024, se pretende seguir aplicando el principio de Paridad Total. En el INE se aprobó ya en comisiones que los partidos políticos nacionales deberán postular al menos cinco mujeres en las nueve entidades donde se elegirá la gubernatura y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Cabe aclarar, que cuando el número de elecciones es impar (15 por ejemplo), el principio establece que se inclinará la balanza hacia las mujeres (siete en este caso), con la finalidad de promover su participación.
El proyecto es impulsado por las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y Carla Humphrey, quienes argumentan que la paridad de género es un criterio para garantizar que las mujeres accedan a los puestos de poder. Sin embargo, el acuerdo que deberá ser aprobado por el Consejo General del INE no ha logrado su aprobación debido a que los partidos políticos han manifestado su desacuerdo sobre la eventual aprobación de este acuerdo. Esto se debe a que implica un cambio significativo en los escenarios políticos que vislumbran en los estados y la CdMx. Dentro de sus prospectos a postular, en su mayoría son masculinos, lo cual les pone en aprietos y los somete a una prueba de fuego.
Además, argumentan que el INE se excede en sus facultades ya que la paridad en las gubernaturas se encuentra constitucionalmente reservada a leyes locales. En ese sentido, recordemos que en 2020 el Tribunal Electoral al resolver un proyecto análogo estableció que el INE no tenía facultades para decidir cuántas postulaciones deben hacer los partidos políticos. Sólo en forma supletoria, el INE podrá intervenir cuando no exista legislación local que lo regule. Por lo tanto, en el caso de Puebla, Jalisco y Yucatán sus propias regulaciones locales en materia electoral prevén la paridad de género.
La paridad total es un principio fundamental para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Sin embargo, su implementación ha generado resistencias por parte de algunos partidos políticos. A pesar de estos desafíos, es importante continuar trabajando para asegurar una representación equitativa en todos los niveles del gobierno. La discusión actual sobre la paridad total es un reflejo del cambio cultural necesario para lograr este objetivo. A medida que nos acercamos a las elecciones del 2024, será interesante ver cómo evoluciona este debate y qué impacto tendrá en el panorama político mexicano.
