La semana pasada nos trajo una buena noticia: la decisión del Gobierno del Estado y el Gobierno de Zapopan de recuperar doce hectáreas del Bosque de los Colomos, sección III, que habían sido apropiadas de manera ilegal por particulares. La intervención estuvo a cargo de la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado. Pablo Lemus, Presidente Municipal de Zapopan, externó su disposición a defender el acto y habilitar el terreno como parque. Actualmente, el predio es resguardado por personal de la policía de Zapopan.
Llama la atención el hecho porque el alcalde Lemus está dispuesto a no acatar una orden dada por un magistrado del Tribunal Administrativo (quien presumiblemente habría actuado de manera incorrecta). Es digna de destacarse la coincidencia de propósitos entre el Gobierno del Estado y el de Zapopan. Ojalá que ambos gobiernos continúen actuando de concierto para preservar Los Colomos y cierren filas ante un problema que exige de las autoridades un compromiso a toda prueba con el bien público.
Otra buena nueva es que no se trata de un acto aislado. Algunos predios de esa zona de la ciudad están siendo investigados por las autoridades para determinar su situación jurídica, bajo el supuesto de que probablemente también tienen irregularidades y deben pasar a resguardo público para estar al servicio de la comunidad.
La situación de Los Colomos nos debería hacer pensar sobre nuestros problemas públicos, los cuales muchas veces no son atendidos como se requiere. En esto, como en muchas cosas, hay diferencias y matices. Como sociedad estamos obligados a discriminar entre problemas más y menos graves, cuyo tratamiento es más o menos urgente. ¿Cómo decidir qué problemas se deben atacar cuanto antes y cuáles pueden esperar? Un criterio para distinguirlos es considerar aquellas situaciones que literalmente ponen en riesgo nuestra sobrevivencia o amenazan con deteriorar nuestra calidad de vida y convivencia cotidiana.
No debería ser difícil determinar lo importante y lo crítico. En todo caso, el conocimiento técnico nos diría qué y cómo resolver tal o cual problema. Sin embargo, las cosas se complican porque los problemas públicos, muchas veces, están “contaminados” por la política. Tuvieron que pasar años, por ejemplo, para que se recuperaran las doce hectáreas mencionadas.
Nos guste o no, los gobiernos deben tener incentivos para atender un determinado problema, y esto puede o no tener que ver con la gravedad objetiva del asunto. En otras palabras, un problema público grave será atendido, la mayoría de las veces, en la medida en que para el gobierno resulte políticamente conveniente, urgente o inevitable.
Además, cuando el gobierno se decide a actuar, tiene mayores posibilidades de resolver un problema si la sociedad le brinda su apoyo. Esto es así porque el gobierno, la mayoría de las ocasiones, si en verdad quiere enfrentar el problema en cuestión, enfrentará intereses que lo obligarán a contar con el respaldo de la sociedad.
Por eso, la política es clave para la adecuada gestión de la vida social. No me refiero sólo a la política de los gobernantes y los poderosos, sino a la que practica la gente común cuando así lo decide. La acción de los ciudadanos organizados es un aspecto esencial del proceso de gobernar. En cierto modo, es la sociedad civil la que determina qué se debe atender y de qué manera. Por eso, es importante que los ciudadanos se informen de lo que ocurre y se movilicen de tanto en tanto. Si no lo hacen, la agenda del gobierno pocas veces va a coincidir con sus preferencias y necesidades.
La salud de un sistema político se determina por el grado en que éste es capaz de incorporar a su agenda las necesidades y expectativas de la población. La calidad de un político se mide por su disposición a conocer y resolver las dificultades que enfrentan los ciudadanos de a pie. A su vez, el poder político de los ciudadanos se genera cuando se da una relación con políticos sensibles que los toman en cuenta para encontrar juntos las soluciones a los problemas. En esta dialéctica, ambas partes salen ganando y la sociedad gana en cohesión y entendimiento.
En Poncitlán, desde hace varios años, niños y jóvenes están enfermando y muriendo por insuficiencia renal. Seguramente son decenas de ellos, pues los estudios revelan que un gran porcentaje de la población juvenil presenta el padecimiento. Al parecer, todavía no hay una explicación clara del problema y menos una política para resolverlo.
¿Por qué que no se ha producido una acción sistemática para atacar un problema que está cobrando vidas infantiles y sumiendo en la tristeza a muchas familias? La respuesta más obvia es que mientras la población de Poncitlán o algún político prominente no haga visible el problema desde “el punto de vista político”, éste no será atendido como se debe. Acaso ha habido intentos en este sentido, pero no han sido suficientes. Hay que volver más visible este tema.
