Que la violencia desaforada e imparable, ya sea contra los ciudadanos o con fines políticos (asesinato y amenazas a candidatos, cuyo objetivo es apropiarse de las instituciones estatales por parte de las organizaciones criminales) sea la mayor registrada en los últimos años debiera ser motivo de la más alta preocupación de la sociedad y la clase política. La razón fundamental es que, pese a que desde 2006 es reconocido el poderío del crimen organizado, 15 años después tengamos que reconocer que el Estado sigue siendo incapaz de defender a sus ciudadanos y garantizar la seguridad de los participantes en las elecciones. ¡15 años!
Muy poco se ha hecho en ese tiempo para incrementar las capacidades del Estado (policías civiles y ministerios públicos eficaces y confiables; inteligencia; estrategias y políticas públicas exitosas, etc.) que le permitan enfrentar con eficacia a las organizaciones criminales. El dato más contundente de la escasa prioridad en los últimos nueve años es el retroceso presupuestal en seguridad y justicia. En 2012, el último año del gobierno de Felipe Calderón, los recursos para esos rubros sumaron 324 mil millones de pesos constantes, es decir, a valor de 2020. En 2006, el último año de Fox, eran 160 mil. Calderón duplicó los recursos de seguridad y justicia, pero fueron insuficientes. En 2018, último año de Peña Nieto, el presupuesto fue de 284 mil millones; 40 mil menos que en 2012; y en 2020, AMLO propuso solo 280 mil. Diez años caminando para atrás.
Por eso no hay policías, ni guardias nacionales, ni autos blindados suficientes para proteger a los candidatos amenazados, ni inteligencia para prevenir atentados, ni reducción de riesgos por no haber desmantelado organizaciones que actúan impunemente. Hemos perdido diez años en la construcción de la seguridad. No deben sorprendernos las debilidades del Estado. Lo grave es que no les preocupen a quienes deciden los presupuestos año tras año desde 2012. Así, ahora la clase política es víctima de su indiferencia y dejadez. Han sembrado viento y están cosechando tempestades. Pero ni así reaccionan.
Considerando las debilidades de nuestras instituciones, recuperar la seguridad y reducir al mínimo la violencia será tarea de muchos años y requiere, por tanto, de un pacto de todo el Estado (los tres poderes y los tres niveles de gobierno) y la participación de la sociedad, que vaya más allá de colores partidistas y sexenios, en la que además de más recursos se redefinan las estrategias y políticas. Calderón lo intentó en 2008 cuando se firmó un acuerdo nacional con ese objetivo, que la oposición, los gobernadores e incluso los poderes Legislativo y Judicial de entonces poco hicieron por darle vida. En su frivolidad, Peña Nieto ni siquiera tuvo en mente que las debilidades estatales fueran problema. Y por el estilo personalista y demagógico de AMLO no habrá ningún pacto de este tipo en los próximos tres años. El país seguirá acumulando y profundizando sus debilidades y rezagos estructurales en materia de seguridad y justicia y posponiendo las soluciones reales.
La consecuencia: que las organizaciones criminales vivan una época dorada depredando territorios, instituciones y, de paso, a la sociedad. Dos tragedias y dos caras de la misma moneda: la violencia criminal y la debilidad del Estado.
Guillermo Valdés Castellanos
