A poco más de seis meses de puesta en marcha la 4T están claramente perfilados tanto el proyecto de país como las críticas. Según Andrés Manuel López Obrador, el fin del Estado consiste en generar bienestar e incluso la felicidad, teniendo como prioridad a los sectores excluidos. Para ello es necesario destruir al Estado neoliberal y sustituirlo por un Estado austero y honesto, no solo para destinar la mayor cantidad de recursos a los pobres, sino para construir una convivencia basada en valores morales. Lograr lo anterior implica inevitablemente una lucha sin cuartel entre él y el pueblo bueno y los neoliberales corruptos. Todos los discursos del Presidente y todas las respuestas que da en las mañaneras son variaciones de lo anterior.
Por su parte, la crítica ha ido señalando las inconsistencias y consecuencias de las acciones y decisiones de la 4T. El proceso de destrucción/reconstrucción del Estado para beneficiar en exclusiva a ciertos sectores de los pobres (que no a todos) tiene una primera contradicción: querer incrementar el gasto social sin aumentar los ingresos públicos. Como no hay recursos suficientes (los 500 mil millones eran una quimera), AMLO ha impuesto unos recortes draconianos, igual o peores que los aplicados por los gobiernos neoliberales, ya sea mediante reducción o reasignación de presupuestos en áreas que considera superfluas (ciencia; otros programas sociales que no le gustan; salud; medio ambiente; seguridad y derechos humanos; cultura, deporte) o por la disminución generalizada del gasto corriente: plazas, salarios, prestaciones.
Las consecuencias están siendo desastrosas: a) Pérdida de capital humano invaluable en dependencias claves (Hacienda, organismos reguladores, salud, seguridad, investigación científica, etcétera), que se traduce en ineptitud gubernamental; b) Descuido de funciones esenciales de Estado ante retos de seguridad nacional (cambio climático; procuración de justicia), agravando problemas como contaminación ambiental e inseguridad pública; y, c) Violación masiva de derechos humanos por la no prestación de servicios públicos básicos como salud o educación a poblaciones vulnerables.
De esta manera, el objetivo deseable y válido de la austeridad (eliminar privilegios y excesos) ha derivado en la construcción de un Estado deforme (un gran brazo que regala dinero al por mayor) a costa de la mutilación del resto de los órganos que lo hacen multifuncional. Para justificar tal despropósito (un Estado que para subsidiar a 23 millones de mexicanos deja de cuidar el medio ambiente, la seguridad y la procuración de justicia, la salud, la investigación científica y tecnológica, la cultura, la promoción del turismo...), la austeridad deja de ser un instrumento para convertirse en un valor absoluto: todo tiene que ser austero a fuerza, al grado de que ahora con ese pretexto Morena quiere destruir la autonomía del INE y el sistema de partidos.
A la crítica a la austeridad que destruye instituciones hay que añadir otras: el ataque a los contrapesos institucionales en favor del Ejecutivo (los superdelegados; el control y debilitamiento de los órganos autónomos y del Poder Judicial), las decisiones presidenciales arbitrarias (aeropuertos, Dos Bocas, Tren Maya) y la polarización promovida desde Palacio Nacional. A seis meses el panorama es desolador y empeora. Ahora los críticos somos, según AMLO, unos cretinos.
