Seguimos de tragedia en tragedia. Ahora, el infame asesinato de Fátima y antes el de Ingrid, y el de Abril y el de la familia LeBarón y los de los 327 mil 609 homicidios desde diciembre de 2006, más los 61 mil desaparecidos. Y alrededor de ellos y ellas un mar de impunidad. En México, 89 por ciento de los homicidios queda sin castigo, lo que significa que por las calles del país caminan campantes 345 mil asesinos acechando a víctimas futuras.
No hay soluciones mágicas ni rápidas. Se requieren muchas cosas: instituciones de seguridad y justicia suficientes y honestas; políticas de seguridad y procuración de justicia eficaces; mucha prevención social; voluntad política y recursos presupuestales cuantiosos; dosis enormes de participación social; reconstrucción de la solidaridad y la convivencia pacífica en comunidades y familias fracturadas por la violencia, las carencias y las desigualdades. Estado y sociedad juntos, con un liderazgo de las instituciones estatales.
Y todo eso puesto en práctica de manera coordinada y sistemática, a escala nacional, estatal y municipal, durante varios sexenios. Se trata de una política de Estado, no de gobiernos, apuntalada por una sociedad participativa y vigilante. Teniendo en cuenta esa complejidad, me referiré solo a un tema del listado anterior: lo difícil que resulta construir instituciones a lo que debe añadirse la voluntad política de las autoridades para hacer prioridad esa tarea.
Las fiscalías especializadas en feminicidios son el ejemplo perfecto. De ellas dependerá que la impunidad se reduzca. Los decálogos son rollo. Para que existan y puedan hacer justicia —lo que supone realizar investigaciones profesionales, encontrar a los responsables y aportar la evidencia sólida para que los jueces los sentencien— se requieren infinidad recursos de todo tipo —humanos, financieros, tecnológicos, organizativos, legales, físicos, etcétera— más una estructura organizativa adecuada, procesos de trabajo, conocimientos y experiencia, entre otros. No es fácil porque en medio están la burocracia y sus reglamentaciones absurdas, los intereses opuestos, las inercias de las instituciones, la escasez de recursos, la lentitud de los procesos y decisiones y, en no pocas ocasiones, la simulación de prioridades. Eso es lo real y lo complicado de gobernar.
Una nota publicada en un diario el sábado pasado sobre la fiscalía de feminicidios en CdMx ejemplifica lo anterior. Fue anunciada el 6 de mayo de 2019, pero durante cuatro meses no pasó nada, pues la fiscalía se creó formalmente hasta septiembre de ese año; 120 días solo para redactar el decreto de creación, pero no para darle concreción real ya que cinco meses después de creada y nueve de anunciada, aún no tiene instalaciones ni presupuesto, ni titular, ni personal, ni nada. ¡No se les ocurrió asignarle recursos cuando se elaboró y discutió el Presupuesto de Egresos de 2020! Pero eso no es todo: falta designar al titular y contratar y capacitar al personal y muchas cosas más. Y eso que el feminicidio ha adquirido una prioridad política de primer nivel. En algún momento funcionará adecuadamente, pero no será rápido ni fácil.
Todo esto está lejísimos de la prédica moral de AMLO y su llamado a terminar con el neoliberalismo como la solución a los feminicidios. Moral e ideología contra políticas públicas eficaces sostenidas en y por instituciones de un Estado funcional, aunque sea lento y a contrapelo. No hay de otra.
