En los círculos políticos prácticamente no hay duda alguna sobre la racionalidad existente detrás de la actuación del presidente López Obrador. Ante un país que se le desmorona entre los dedos sin que se decida a utilizar las políticas públicas, especialmente en el ámbito económico y social para impedirlo, o al menos para contener el severo deterioro de las empresas y de los trabajadores formales e informales, AMLO optó por adelantar la campaña electoral que ratifique su mayoría en la Cámara de Diputados. Su objetivo inmediato no es gobernar, sino reducir el desencanto, la pérdida de seguidores y ganar simpatías electorales. El país puede esperar.
La semana pasada escribí que, ante el desastre que significan la recesión económica, el desempleo rampante, el empobrecimiento masivo, la violencia desatada y la pandemia en la zona de catástrofe según las cifras y predicciones de López-Gatell, la estrategia que le queda a López Obrador será, gracias al caso Lozoya, presentar el siguiente argumento: sí, el país estará al borde del precipicio, pero no hay alternativa, yo y Morena somos la única alternativa, ya que votar por cualquier partido opositor es estar a favor de los corruptos del “Prian” y para demostrárselos, voy a convertir el anhelo de justicia en un circo mediático, con escándalos semanales. Aunque no se puedan probar, no importa, lo relevante es embarrar a sus enemigos.
Esa defensa irá acompañada de la estrategia propiamente electoral, fundada en la lucha por traducir el dinero repartido a través de los programas sociales en votos para su partido. Y aquí es donde entra el tema de las locuras que está haciendo con las finanzas públicas.
Según la SHCP, los seis principales programas sociales (adultos mayores, becas escolares, jóvenes, etc.) cuestan 260 mil millones de pesos (mdp). A ellos deben sumarse las obras públicas prioritarias que son promesas que decidió no incumplir: Tren Maya (33 mil mdp), refinería de Dos Bocas (41 mil mdp) y aeropuerto de Santa Lucía (alrededor de 36 mil mdp) lo que suma en total 370 mil mdp. Pero hay otro pendiente que no está calculado y que en un verdadero hoyo negro para las finanzas públicas: la crítica situación de Pemex. A junio de este año, lleva perdidos 606 mil mdp (casi el doble de los programas y obras prioritarias) y entre julio y diciembre de este año tiene que pagar 11 mil 500 millones de dólares de su deuda externa, es decir, otros 253 mil mdp que no tiene. O los renegocia, para lo cual tendría que pagar en el futuro más intereses, o el gobierno federal tendrá que ponerlos.
Para completar la situación, los ingresos del sector público en el primer semestre del año fueron inferiores a lo programado en 168 mil mdp, razón por la cual su gasto disminuyó en 161 mil mdp. Uno de los rubros que más cayó fue el de las participaciones a los gobiernos estatales, a los cuales les quitaron casi 40 mil mdp.
Por eso, la desaparición de los fideicomisos (cultura, ciencia y desastres naturales sin fondos), por eso la reducción “voluntaria” de los salarios de los funcionarios, por eso el menor gasto en salud, por eso la disminución de recursos a los programas para las mujeres violentadas, para las víctimas y los desaparecidos. Nada para los desempleados, ni las pequeñas empresas, ni para los nuevos pobres. Los burócratas sin computadoras ni papel de baño. Nada importa, solo asegurar el voto potencial de sus clientelas y decir que va a cumplir con sus tres inútiles y faraónicas obras.
