¡Qué comienzo de año! Literalmente vamos de tragedia en tragedia. La primera, los millones de mexicanos afiliados al Seguro Popular que demandan atención médica y se encuentran con la novedad de que ya no existe su seguro —nadie se molestó en informarles— y los centros donde deben ser atendidos tampoco saben qué va a pasar. Miles de enfermos y sus familiares en la desesperación debido a la ausencia de servicios, al cobro de cuotas desproporcionadas, a la falta de medicamentos y a incertidumbre sobre la viabilidad y operatividad del nuevo programa de salud.
No hay justificación para no haber preparado adecuadamente al funcionamiento del Insabi; tuvieron un año y no hicieron ni lo básico: a) Darle congruencia a lo prometido por el Presidente y la ley aprobada (AMLO decía que todos los servicios serían gratuitos y la ley limita los servicios y estipula cuotas); b) Estimar su costo y aprobar un presupuesto adecuado para que los servicios sean viables; c) Tampoco le preguntaron a los gobernadores si querían participar y sin ellos es imposible dar servicios; d) No definieron las reglas de operación y por tanto no le informaron a los directores de los centros de salud cómo iban a operar: qué servicios prestar, cuánto presupuesto tendrán, qué enfermedades serán atendidas y cuáles no, etcétera. Eso no se debe a ningún sabotaje conservador o de farmacéuticas; es producto de la inexperiencia, la ineptitud y la arrogancia del Presidente y sus funcionarios de salud.
La segunda tragedia tiene dos caras. Una, la de miles de migrantes centroamericanos que se topan con el muro mexicano, ordenado por Donald Trump y ejecutado sin chistar por AMLO. El muro recibe el nombre eufemístico de “migración ordenada”, que en la realidad significa detención en condiciones infrahumanas y deportación segura, sin siquiera atender las justas demandas de asilo. La “narrativa” que quiere imponer el gobierno es insultante: que se les deporta para evitarles un mal mayor en la frontera norte. La otra cara es la crisis humanitaria de los miles de migrantes devueltos por Estados Unidos y que viven en condiciones infrahumanas en las ciudades fronterizas, debido a la ausencia casi total de apoyos gubernamentales. Como no ha vendido el avión, pues no hay recursos. ¿Y los derechos humanos? La subsecretaría de Alejandro Encinas debiera incluirlos en lista de desaparecidos, mientras Rosario Piedra, la titular de la CNDH, está preocupadísima, pero… por la guerra sucia de los años 70.
La tercera tragedia del año, el nuevo récord de homicidios, 35 mil 588, alcanzado gracias a la política de los abrazos sin balazos. Todos sabemos que el problema creció desmesuradamente los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto; nadie lo responsabiliza por ello. La pregunta es por la sensatez y eficacia de su estrategia de seguridad —por llamarla de algún modo— luego de que se ha demostrado hasta la saciedad que no tiene pies ni cabeza. Una Guardia Nacional que nunca ha estado en el lugar y el momento adecuado para prevenir la violencia o atender las llamadas de la población en las zonas críticas del país (pero eso sí, casi ningún migrante se les escapa); presupuesto decreciente; desatención real de las policías locales; atención a las víctimas con pura saliva y propuestas de reformas judiciales regresivas y violatorias de los derechos humanos.
