La semana pasada un caos y violencia desmedida se apoderaron en algunas entidades de la República, hombres armados presuntamente pertenecientes a cárteles de la droga bloquearon calles e incendiaron comercios en los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco.
Han pasado ya de dieciséis años de una guerra contra el narcotráfico que ha resultado ser infructífera, solo originó más violencia en el país. Esta guerra fue comenzada por el presidente Felipe Calderón en 2006 como una forma de legitimar su presidencia ya que llegó al poder ejecutivo con señalamientos de que ganó la elección presidencial por la vía del fraude electoral (todo indica que así fue).
Durante el siglo XX los cárteles de la droga estuvieron subordinados a la autoridad del Estado mexicano, hoy las cosas son distintas, de acuerdo con un artículo de Ricardo Homs, publicado por el periódico El Financiero (7/07/2022) el modus operandi de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico cambió: “el perfil del crimen organizado era de subordinación a las autoridades legítimas y respeto a las instituciones.
El de hoy es un poder paralelo al Estado mexicano con ejército propio e intereses políticos”.
Ergo, los cárteles no solo se dedican al narcotráfico, con el devenir de los años y gracias a la nula autoridad que hay se dedican a otros giros como la trata de blancas, huachicoleo, cobro de piso, tráfico ilícito de migrantes, entre otros actos ilegales.
Ni Calderón, ni Peña Nieto, solucionaron el problema de inseguridad, todo indica que López Obrador tampoco lo hará.
Actualmente no hay una política de Estado de combate al narcotráfico; en dicha política de Estado tienen que estar autoridades municipales y estatales.
En la mayoría de las ocasiones cuando hay una escalada de violencia tanto el municipio como el estado no asumen su responsabilidad, echándole la culpa al gobierno federal.
Es necesario que los gobiernos municipales y estatales hagan una depuración de sus policías, deben impulsar un servicio civil de carrera de alto nivel al interior de las corporaciones a fin de tener elementos preparados, capacitados, con buenos salarios y prestaciones, ejemplo de ello son los gobiernos estatales de Coahuila y Nuevo León.
En Nuevo León la violencia tuvo su auge en 2009, para contrarrestar la violencia de las bandas criminales el gobierno del estado, la sociedad civil y clase empresarial crearon Fuerza Civil, una corporación que apoya en labores de seguridad; el dinero para la creación de esta corporación se obtuvo de recurso estatal y de la clase empresarial regiomontana.
De acuerdo con datos del gobierno neolonés (2014) de los mil 827 homicidios vinculados al crimen organizado registrados en 2011 en Nuevo León, estos poco a poco fueron a la baja ya que al año siguiente alcanzaron los mil 285, y en el 2013 la cifra se derrumbó a 530.
Por su parte, Coahuila es uno de los estados a nivel nacional con menores índices de inseguridad gracias a la adecuada coordinación entre el gobierno estatal con los gobiernos municipales, la creación en 2019 de Fuerza Civil Coahuila fue un parteaguas para lograr tal cometido.
Atrás quedaron los años de violencia en ciudades como Torreón, Monclova, Piedras Negras, entre otros municipios, en donde las balaceras eran el pan de cada día.
¿Por qué sigue la violencia en la mayoría de las entidades del país? Por diversos motivos.
En primer lugar, no hay una política de Estado para combatir el narco; en segundo lugar, no hay voluntad política por parte de las autoridades federales encargadas de la seguridad para solucionar el problema de fondo; en tercer lugar, los gobiernos de los estados le echan la “bolita” a la federación en el tema de seguridad cuando este asunto también es de su competencia.
Existe un factor externo que influye en la inseguridad: Estados Unidos, quien sigue siendo el principal proveedor de armas de los grupos del crimen organizado.
Mientras el vecino del norte no detenga la venta de armas hacia estos grupos difícilmente el Estado mexicano podrá salir avante de esta compleja batalla.
Es necesario que todos los órdenes de gobierno y todas las fuerzas políticas del país dejen atrás sus diferencias en un tema trascendental como es la seguridad pública, es insostenible los niveles de violencia que tenemos en México.
Resulta trascendental, también, que haya un debate público para legalizar las drogas con el objetivo de quitarles poder a los cárteles de la droga.
Sí bien el tráfico de estupefacientes no representa su único giro si resulta el más importante.
