El aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco acusa, como su principal debilidad, un proceso políticamente forzado que terminó por romper la lógica misma de la regulación tarifaria prevista en la ley. No se trata de un ajuste gradual ni de una actualización ordenada, sino de una decisión que desbordó al propio Comité Técnico Tarifario.
La norma técnica publicada en diciembre de 2024 establece que la revisión de la tarifa debe realizarse durante el segundo semestre de cada año, con base en indicadores definidos y bajo una fórmula de indexación precisa. El Comité Técnico Tarifario no está facultado para proyectar tarifas plurianuales ni para anticipar escenarios futuros. Su función es determinar, año con año, el ajuste correspondiente. Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario.
La Secretaría de Transporte presentó como punto de partida una tarifa técnica ponderada de 10.37 pesos, fijada en diciembre de 2024. A esa cifra se le aplicó una indexación de 7.72 por ciento, lo que arrojaba un resultado de 11.17 pesos. Ese debió ser el límite lógico del ejercicio técnico. No obstante, en lugar de ceñirse a la metodología, se introdujeron proyecciones hasta el año 2030, asumiendo de manera arbitraria que la tasa de indexación se mantendría constante durante los próximos cinco años. Con ese artificio se construyó un promedio inflado que derivó en una tarifa de 13.03 pesos, sometida a votación.
El problema no termina ahí. El Comité Técnico no votó una tarifa de 14 pesos. Esa cifra fue introducida posteriormente, sin respaldo técnico ni votación formal. Se trata de un hecho grave, porque altera el sentido del órgano colegiado y vulnera el principio de legalidad del procedimiento. La tarifa publicada no es la tarifa aprobada. Esa sola discrepancia abre la puerta a impugnaciones legales plenamente fundadas.
A esta inconsistencia se suma el diseño del subsidio. Se anunció una bolsa de 1,200 millones de pesos para 2026, con el argumento de proteger a las personas usuarias. Sin embargo, los propios cálculos oficiales revelan que cada día se venden más de 3.1 millones de boletos. Si se subsidian tres pesos por viaje durante once meses efectivos de operación, los recursos sólo alcanzan para cubrir aproximadamente el 47 por ciento de los traslados. El resto deberá pagar la tarifa plena de 14 pesos. No es un subsidio universal, ni progresivo, ni transparente.
Más aún, el subsidio anticipa una tarifa futura. Se comienza a subsidiar en 2026 una tarifa que, bajo la lógica de las proyecciones, correspondería a 2029. Esto rompe por completo el concepto de indexación y convierte el subsidio en una herramienta política para amortiguar un aumento desproporcionado. El beneficio, además, se concentra en el sistema convencional, donde se realiza alrededor del 75 por ciento de los viajes, favoreciendo directamente a los transportistas, sin compromisos verificables de mejora en frecuencia, calidad o condiciones de seguridad para los usuarios.
La opacidad es otro rasgo estructural del proceso. No existe un desglose público de costos ni de márgenes de ganancia. Los transportistas afirman operar con números rojos, pero no presentan evidencia verificable. Tampoco se ha explicado el destino del excedente histórico de las alcancías, ni el funcionamiento real de los fideicomisos. En este contexto, pedir un aumento sustancial sin rendición de cuentas equivale a trasladar la incertidumbre financiera al bolsillo de la ciudadanía.
El aumento tarifario no es una decisión económica. Es un síntoma de un modelo deteriorado, donde la técnica se subordina a la urgencia política, y la legalidad se estira hasta romperse. Cuando la tarifa se define fuera del comité, cuando la indexación se convierte en proyección ficticia y cuando el subsidio se usa para maquillar el golpe, el problema deja de ser el precio del pasaje.
Destinar 1200 millones de pesos del erario a sostener un sistema de transporte que no acredita mejoras verificables en calidad y cobertura es, en los hechos, socializar pérdidas privadas sin exigir responsabilidades. Así, el transporte (¿público?) pierde su sentido colectivo y el subsidio deja de proteger al usuario. Pasó de ser un servicio público, para convertirse en un mecanismo grotesco de transferencia de recursos.
