Congelar durante todo el sexenio la tarifa estudiantil en cinco pesos, con un incremento simbólico de apenas veinticinco centavos respecto al precio previo para los estudiantes, reconoce algo elemental que suele olvidarse en los escritorios técnicos; que la movilidad no es un lujo, es una condición para ejercer el derecho a estudiar. Para ocho de cada diez estudiantes de la Universidad de Guadalajara, el transporte público no es una opción entre varias, es la única vía para llegar al aula. Cada peso adicional en la tarifa no significa un “ajuste técnico”, sino en comida que falta, en copias que no se imprimen, en trayectos que se alargan porque hay que caminar más para ahorrar.
El valor del acuerdo no está en el número, sino en la lógica que lo sostiene. La FEU colocó el debate donde debía estar. No en la rentabilidad del sistema, sino en su impacto social. El gobernador, al aceptar el argumento de la sensibilidad social, demuestra que gobernar también es reconocer cuándo una regla general produce efectos injustos sobre un grupo que no puede absorberlos.
Pero el componente más interesante del acuerdo no es tarifario, es territorial. Llevar los módulos de credencialización directamente a los centros universitarios —CUCEA, CUCBA, CUCSH, CUCOSTA y el Centro Universitario de la Ciénega— rompe con una de las trampas más frecuentes, diseñar beneficios que en el papel son universales, pero en la práctica exigen trámites que expulsan a quienes más los necesitan (como ocurrirá con la tarjeta única que excluye a una parte de la población). Para muchos jóvenes, sobre todo en los centros regionales, el costo del traslado para hacer un trámite puede ser tan excluyente como la tarifa misma. Centralizar los módulos en oficinas lejanas habría convertido el subsidio en una promesa abstracta. Llevarlos al campus, lo vuelve una experiencia posible.
El acuerdo no resuelve todos los problemas del transporte. La calidad del servicio, la frecuencia, la seguridad y la dignidad del usuario siguen siendo deudas abiertas. Pero demuestra algo que en tiempos de polarización no es poca cosa, que cuando la protesta se organiza, cuando la autoridad dialoga y cuando el interés social se coloca por encima del cálculo inmediato, es posible convertir el conflicto en acuerdo.
