El debate sobre Venezuela se ha reducido a una dicotomía entre soberanía e intervención. Como si la única disyuntiva posible fuera respetar formalmente la no injerencia o aceptar, sin matices, una acción militar externa. Ese encuadre ya no alcanza.
La soberanía, entendida como principio del derecho internacional, no es un fin en sí mismo. Su razón de ser es proteger la capacidad de los pueblos para decidir libremente su destino. La soberanía no pertenece al país entendido como territorio, ni al Estado concebido como aparato institucional, sino a la población como sujeto político. Cuando un régimen altera o no respeta los resultados de las elecciones, persigue opositores, captura instituciones, expulsa a millones de personas y convierte al gobierno en instrumento de represión o se coaliga con el narcotráfico, la soberanía pierde su significado y se invoca para proteger al poder autoritario, no a la población.
En Venezuela, durante casi tres décadas, la comunidad internacional observó (y documentó) la demolición progresiva del sistema democrático. Informes, resoluciones y pronunciamientos se acumularon sin alterar el curso de los hechos. No hubo restauración institucional, ni presión eficaz, ni consecuencias proporcionales. Así la autodeterminación fue vaciada de contenido.
El mayor fracaso del derecho internacional, en el caso venezolano, es haber llegado a una intervención militar, en buena medida debido a la pasividad prolongada de los organismos internacionales. Una pasividad que toleró la demolición democrática, normalizó la excepción autoritaria y dejó que una crisis política se transformara en tragedia humanitaria y dilema geopolítico.
Nueve millones de personas forzadas al exilio no son una anomalía coyuntural. La pobreza masiva en un país estructuralmente rico no es un accidente económico, sino un fracaso político deliberado. La ausencia de elecciones libres durante dos décadas no es un déficit técnico, sino la negación sostenida de la voluntad popular de los venezolanos.
Una intervención militar, a manera de guerra unilateral, no puede ser legal. Entonces la pregunta es, ¿por qué el sistema global permitió que la destrucción democrática avanzara en Venezuela durante tantos años sin generar salidas políticas viables?
