Mientras miles de pensionados protestan por incrementos miserables, desabasto de medicamentos y cirugías postergadas, el instituto sigue cargando inversiones de altísimo riesgo que fueron autorizadas bajo criterios opacos y con una alarmante ausencia de controles públicos. El contraste resulta obsceno. A quienes aportaron durante décadas al IPEJAL se les exige hoy resignación y austeridad. A quienes administraron miles de millones de pesos se les permitió especular con recursos públicos sin mecanismos reales de vigilancia social y en absoluta impunidad.
El problema no comenzó con la quiebra de Abengoa, con Chalacatepec, ni con la depreciación de Transportación Marítima Mexicana. Tampoco con los incumplimientos de Grupo Herradura de Occidente o SIPYT. El verdadero origen está en un diseño institucional construido para concentrar el poder de decisión en un pequeño círculo político y burocrático que opera prácticamente sin contrapesos públicos.
El dinero del Ipejal pertenece a los trabajadores. No al gobierno en turno. No al director. No a los grupos políticos incrustados en el Consejo Directivo. Sin embargo, la arquitectura legal del instituto convirtió los fondos pensionarios en una bolsa de inversión administrada bajo criterios discrecionales, corruptos y con márgenes enormes de opacidad.
La propia ley permite inversiones inmobiliarias, financieras y productivas, incluso, en mercados internacionales. Permite fideicomisos, convenios privados y operaciones de alto volumen económico. Lo escandaloso no es solamente la amplitud de estas facultades. Lo verdaderamente alarmante es que durante años dichas decisiones pudieron tomarse sin transparencia previa, sin discusión pública y sin controles independientes capaces de impedir operaciones fraudulentas.
Las consecuencias están a la vista. Más de 2 mil 864 millones de pesos comprometidos en inversiones en riesgo de perderse. Otros cientos de millones renegociados o deteriorados financieramente. Un horizonte actuarial que ahora apenas alcanza hasta 2030. Un déficit generacional creciente. Y pensionados sobreviviendo con ingresos de cinco mil pesos mensuales.
El problema no es solamente cuánto dinero se perdió. El problema es que nadie pudo impedir que se arriesgara de esa manera el patrimonio colectivo de miles de trabajadores. Ahí aparece la dimensión central de la responsabilidad política y administrativa. Durante años se tomaron decisiones multimillonarias pese a señales de riesgo evidentes. Se autorizaron esquemas financieros cuestionables. Se capitalizaron intereses de empresas incapaces de pagar. Se mantuvieron apuestas deficitarias mientras el sistema acumulaba vulnerabilidades actuariales. Y todo ello ocurrió bajo gobiernos que conservaron control absoluto sobre la estructura de decisión del instituto.
La iniciativa presentada por el diputado Miguel de la Rosa apunta correctamente hacia un punto fundamental. La transparencia ex post* no sirve para evitar desfalcos. Sirve únicamente para documentarlos cuando ya ocurrió el daño. Publicar contratos después de firmados, informar pérdidas cuando ya son inevitables o presentar estudios cuando el dinero desapareció, no constituye rendición de cuentas real.
La transparencia previa sí modifica incentivos. Obligar a publicar análisis de riesgo, dictámenes financieros y proyectos de inversión antes de comprometer recursos públicos. Introduce vigilancia social, escrutinio técnico y costos políticos.
Cuando el gobierno controla discrecionalmente miles de millones de pesos sin controles autónomos robustos, las inversiones dejan de responder exclusivamente a criterios de seguridad patrimonial y comienzan a mezclarse con intereses económicos, relaciones empresariales y apuestas de alto riesgo que jamás serían aceptadas si el dinero perteneciera directamente a los funcionarios que las autorizan.
Lo más delicado es que el sistema sigue operando bajo la misma lógica estructural. Cambian nombres, cambian administraciones, cambian discursos, pero permanece intacta la concentración del poder sobre recursos que no pertenecen al gobierno.
Y mientras eso no cambie, los trabajadores seguirán financiando un modelo donde el riesgo es socializado, pero las decisiones permanecen blindadas entre élites políticas y administrativas.
