La coincidencia desafortunada, en el mismo mes y día, pero con una diferencia de 32 años, de uno de los más intensos y devastadores sismos de los últimos tiempos en México, ha generado una inesperada respuesta. Además de las amplias muestras de solidaridad de rescatistas y voluntarios, ha surgido una exigencia social generalizada: que los partidos políticos donen sus prerrogativas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, en lugar de gastarlas en sus campañas.
La demanda no es casual. Hace muy poco que el INE anunció el monto del financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales, lo cual generó una amplia crítica. Todavía no terminaba la discusión de tal hecho, cuando los sismos del 7 y 19 de septiembre sorprendieron con la destrucción material en varias entidadesde la República. Ante la escasez de recursos públicos, los ojos de la ciudadanía voltearon a los 6.7 mil millones de pesos de prerrogativas de los partidos políticos; encontraron en ellos una potencial fuente de financiamiento para la reconstrucción material y les exigieron donar esos recursos.
Inicialmente el INE,a través del consejero Marco Baños, había dicho que no era posible, porque era contrario a la ley;perodespués su consejero presidente, Lorenzo Córdova, flexibilizó esa postura. Dijo que se estudiaría la forma en que esopodría hacerse sin violar la ley. Después, algunos dirigentes partidistas anunciaron que reintegrarían parte de sus prerrogativas al erario público, a fin de que fueran destinadas a la reconstrucción material de las zonas devastadas.
El asunto de las prerrogativas partidarias no es menor. Se trata de la primera ocasión en que se debate ampliamente la posibilidad de que el financiamiento público a los partidos disminuya, o incluso se elimine definitivamente. La tragedia ha ocasionado un amplio debate sobre este tema en diversos espacios públicos y privados. En la mayoría se ha coincidido en que el dinero de los partidos, en este momento, debe destinarse a la gente afectada por la tragedia.
Al parecer los tiempos no ayudarán mucho a que tal iniciativa se concrete, pero la idea de reducir o eliminar el financiamiento partidario formará parte de la agenda pública de los próximos meses o años en nuestro país. Sin duda alguna que las decisiones tomadas al final de ese debate cambiarán de manera significativa las formas de hacer política en México.
